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El PP quiere tener garantías jurídicas sobre la iniciativa del Guadalquivir

Los socialistas censuran la "ambigüedad" y el "electoralismo" de Arenas

El PP quiere garantías jurídicas sobre la constitucionalidad de la iniciativa que promueve el PSOE para recuperar las competencias del Guadalquivir antes de elevar la propuesta a la Cortes Generales. La tesis del PP -que ya anunció hace unos días su líder, Javier Arenas, es que es preciso asegurar la viabilidad de la fórmula- y no dar más pasos en falso, después de que el Tribunal Constitucional anulase en marzo pasado las transferencias de la gestión del río. Aunque los populares plantearon ayer en la reunión de la Mesa del Parlamento que el Consejo Consultivo emita un dictamen, la petición no prosperó porque el Consultivo es un órgano que asesora al Gobierno andaluz y la iniciativa legislativa autonómica parte del grupo socialista. En consecuencia, serán los servicios jurídicos de la Cámara quienes se pronuncien.

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La Mesa del Parlamento dio ayer el visto bueno para que la iniciativa legislativa autonómica se debata en torno al día 14 de este mes, si bien si aún hay que dilucidar si se celebrará un pleno extraordinario o será un punto más del pleno ordinario previtos para esa fecha. La decisión la tomará la Mesa el miércoles.

Los socialistas han colocado la reivindicación del Guadalquivir en la primera línea de su agenda política para intentar que prenda otra vez en la sociedad la demanda de que el río sea andaluz también en su gestión. Los populares aún no han dado una respuesta definitiva y su posición es vacilante, lo que no quita que hayan acusado a los socialistas y, especialmente, al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de electoralismo y de inventar una "farsa reivindicativa" frente al Gobierno a menos de un mes de que se disuelva el Congreso de los Diputados por la convocatoria de las elecciones generales del 20 de noviembre.

Arenas ha dicho que su partido siempre ha defendido que Andalucía tenga las máximas competencias del Guadalquivir, postura que quedó manifiesta con su apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía, donde se recoge esta aspiración, siempre con la salvaguarda de que todo sea "plenamente constitucional".

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El propio Griñán terció ayer en la polémica y dijo que espera que el "electoralismo" del líder popular no impida el consenso en este tema. Más duro fue el portavoz parlamentario socialista, Mario Jiménez, quien señaló en Huelva que Javier Arenas teme que su partido en Madrid no apoye la propuesta, informa Efe. "Por eso pretende descafeinarla y que no salga", zanjó.

Por el contrario, los socialistas han asegurado que tienen el respaldo expreso del candidato a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, Griñán se entrevistó la semana pasada en Madrid con el vicepresidente segundo, Manuel Chaves, para preparar la agenda de la reunión bilateral Junta-Estado, que se celebrará en la segunda quincena de este mes, donde, según fuentes de San Telmo, consiguió la luz verde del Ejecutivo.

Los socialistas dicen que son conscientes de que la iniciativa legislativa autonómica llegará a las Cortes Generales cuando ya estén disueltas, pero argumentan que no pueden quedarse con los brazos cruzados. Fuentes del PSOE precisaron, que la idea de pedir las competencias del río por el artículo 150.2 de la Constitución -que permite al Estado delegar competencias a las comunidades autónomas a través de la ley orgánica-, "no es una improvisación". Estas fuentes aseguran que en ella han "trabajado intensamente" en ella durante meses varios miembros del gabinete de José Antonio Griñán y dirigentes de la ejecutiva andaluza del PSOE. Siempre con el beneplácito del Gobierno central.

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