Privilegios que denunció Competencia

Las empresas de transporte se han visto beneficiadas por la generosa política que tanto el bipartito como el actual Gobierno del PP llevaron a cabo en materia de concesiones eludiendo un veto de la Unión Europea. En 2008 la Xunta alargó un año las autorizaciones de servicios públicos de transporte interurbano a la espera de aprobar un nuevo marco legal que, con PSdeG y BNG en el poder, no cuajó.

Tras las elecciones, con Agustín Hernández al frente de la Consellería de Territorio, el Parlamento aprobó una ley con carácter de urgencia para prorrogar las 143 autorizaciones en vigor. Fue tres días antes de que España comenzase a aplicar un reglamento comunitario que limita esas prórrogas a casos muy concretos y con un límite máximo de cinco años. Pero la trampa estaba hecha. Hasta 44 concesiones se ampliaron automáticamente -sin que mediase concurso público- más allá de 2023, entre ellas las que unen por carretera las principales ciudades gallegas con sus áreas metropolitanas. Grandes grupos como Monbus (que opera con Castromil, Alsina, Autobuses Urbanos de Lugo, Rías Altas y Monforte SA, entre otras) y Arriva Noroeste se beneficiaron de la medida de la Xunta.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) emitió meses después un duro informe criticando a las autonomías que, como Galicia, siguieron el ejemplo de Valencia para saltarse a la torera el veto de Bruselas. El organismo terminó denunciando el caso en julio del año pasado, ante el Tribunal Superior de Xustiza, que todavía no lo ha resuelto. Para la CNC, ampliar las concesiones cuando el reglamento europeo se conocía desde 2007 fue un "fraude de ley" para limitar a otros operadores y crear oligopolios.

El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo hizo lo mismo con el transporte escolar vistiendo la medida de austeridad. A cambio de alargar las autorizaciones, las empresas rebajaron la factura un 7%.