El impuesto a los ricos se hace esperar

Después de cuatro horas de palabras cargadas de ideología sobre la oportunidad de reformar la Constitución para controlar el gasto y limitar el déficit, algunos parlamentarios socialistas que acudieron a la reunión de grupo el lunes reclamaron de madrugada al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba pasar rápidamente esa "página indigesta". "Le hemos dado a Mariano Rajoy un argumento electoral perfecto con una medida que él propuso y nosotros ridiculizamos. Hay que tragarse este sapo rápidamente y pasar a la acción", señalaba un alto cargo del PSOE.

Uno de los diputados que intervino al filo de la medianoche planteó a Rubalcaba que después de aprobar, pese a las dudas de muchos socialistas, la reforma de la Constitución en el Congreso había que pasar al contraataque y "plantear políticas que prioricen el crecimiento económico para la creación de empleo, la cohesión social y una fiscalidad progresiva y progresista", afirmó.

"Muchos quieren el Estado de bienestar sueco con impuestos de Eslovenia"

Los parlamentarios José Antonio Pérez Tapias, Jesús Membrado, Manuel de la Rocha o Rafael Simancas apretaban a Rubalcaba para que apoyase la aprobación urgente de un impuesto a las grandes fortunas mediante la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, con un mínimo exento que deje fuera a las clases medias y solo obligue a pagar a las rentas más altas, una posibilidad que lleva instalada en la mesa del Consejo de Ministros desde hace varias semanas, pero que no acaba de prosperar.

Rubalcaba contestaba por bloques a las intervenciones de los diputados para convencerles de que había que votar la reforma de la Constitución sin dejar pasar las indirectas que había recibido referidas a la necesidad de aprobar el impuesto para ricos. "Este país", dijo, "tiene pendiente un debate sobre la fiscalidad, porque muchos quieren un Estado del bienestar como el de Suecia con impuestos de Eslovenia. Pero no quiero introducir en este momento ese debate".

Al candidato socialista le preocupa que se relacione la decisión sobre la reforma de la Constitución para limitar el déficit público de España con una subida de los impuestos a los ricos. Así lo contó en la reunión del grupo. Otros diputados, entre ellos los que le pidieron gravar la fiscalidad de las grandes fortunas, consideran que se trata de una baza electoral única que pondrá en evidencia al PP, que ya ha rechazado dicha medida con el argumento de que subir impuestos a los ricos crea más paro. "En Francia, en Alemania o en Estados Unidos, el debate a favor de gravar a las rentas más altas está ganado", recuerdan algunos dirigentes socialistas partidarios de aprobar ya el nuevo recargo fiscal solo para los que más tienen.

Entre las propuestas fiscales que maneja el Gobierno desde hace varias semanas está la de subir el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio hasta un millón de euros por declarante, lo que, de hecho, provocaría que el número de afectados se reduzca de cerca de un millón que pagó el impuesto en 2007 a menos de 100.000 personas. En las estadísticas de la Agencia Tributaria (véase infografía) figura que en el último año que se recaudó este impuesto, casi un millón de contribuyentes pagó al fisco poco más de 2.100 millones de euros (a una media por declarante de 2.100 euros) sobre un patrimonio declarado de más de 700.000 millones. Con la reforma que estudia el Gobierno, pese a que se reduciría un 90% el número de declarantes, la recaudación solo bajaría el 50%, según los expertos. En 2007, el 25% de los declarantes (unos 250.000) con mayor patrimonio pagó el 70% del total recaudado (unos 1.400 millones de euros), según las cifras de la Agencia Tributaria.

Dado que el impuesto fue cedido a las comunidades autónomas, estas tienen plena capacidad para bonificar hasta el 100% del impuesto, de manera que nadie pague nada. Se podría dar el caso de que el Gobierno central apruebe la recuperación del impuesto por decreto ley y que la inmensa mayoría de las comunidades, gobernadas por el PP, apliquen bonificaciones para que el efecto sea nulo y no haya recaudación posible.

Distintos expertos señalan que esta posibilidad quedaría neutralizada si el Gobierno central obligase a garantizar un tipo mínimo en todas las autonomías.

El Gobierno también se ha llegado a plantear la posibilidad de recuperar el impuesto para la Administración central del Estado, para lo que tendría que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, donde se reguló la cesión de este impuesto a las autonomías. Esa reforma no podría hacerse en lo que resta de legislatura.

El Impuesto sobre el Patrimonio sigue vivo, no se ha suprimido pese a que, en 2008, el recién elegido Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió bonificar el 100% de la cuota, con lo que de hecho nadie lo paga desde entonces. En los últimos tres ejercicios han dejado de recaudarse cerca de 6.000 millones de euros.