Interior ve suficiente el sistema de protección

Deisy Mendoza murió hoy hace una semana acuchillada por su exmarido en su domicilio en el centro de Bilbao. Sobre el criminal pesaba una orden de alejamiento y Mendoza disponía además de otra serie de medidas complementarias para su seguridad. Mientras se sucedían las críticas contra el sistema policial y judicial de control a víctima y agresor, el "qué falló" se repetía en la sociedad. El problema surge cuando todo parece funcionar, pero las estadísticas de agresiones se repiten, una paradoja recurrente en los casos de violencia contra la mujer.

Mariola Serrano, directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, dependiente de Interior, considera que el actual sistema de protección resulta suficiente -"Es un buen sistema", dice-, que se revisa cada vez que se produce algún caso significativo. Y los niveles de protección se elevan inmediatamente cuando se constata algún detalle revelador.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia cree que la seguridad "funciona" Euskadi contará esta legislatura con una ley contra la Violencia de Género

Serrano descarta, por el momento, poner en marcha el Centro de Recuperación e Integración Social, un recurso de acogida previsto en un decreto de 2007 y de competencia autonómica. "No hay nada previsto, ninguna reflexión, ni ningún debate. De momento, el sistema de acogida de mujeres es suficientemente completo", apunta.

El equipo de Serrano trabaja también junto a otros profesionales -Ertzaintza, sanitarios, servicios sociales y asociaciones- en el desarrollo de una nueva ley contra la Violencia de Género, prevista para finales de esta legislatura.

La clave de la lucha contra la violencia sexista y uno de sus objetivos fundamentales a corto plazo -el descenso del número de mujeres muertas por sus parejas y exparejas- radica en los matices y detalles, apuntan los expertos: "Se trata de saber evaluar el riesgo para poder gestionarlo". Y añaden que el riesgo cero no existe, dada la cierta "violencia estructural" inherente a cualquier sociedad.

"El sistema de protección funciona", apunta Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial. Tanto Euskadi como el resto de comunidades autónomas cuentan con leyes avanzadas y exhaustivas en materia de igualdad y contra la violencia sexista. Jueces y policías, las dos instancias que deciden, gestionan, controlan y revisan las medidas en favor de la seguridad de las mujeres, disponen de una amplia panoplia de herramientas que utilizar.

Montalbán refrenda con datos su tajante afirmación. "La seguridad funciona porque las cifras así lo dicen. Los números son fríos y ocultan el sufrimiento de hijos y familiares, pero, por ejemplo, el año pasado 13 mujeres asesinadas [del total de 73 muertes registradas en España] tenían una orden de protección en vigor y ese mismo año se dictaron más de 28.000; la incidencia no llega al 0,05%", argumenta. Mientras, el ararteko, Iñigo Lamarka, cree que las cifras requieren un análisis exhaustivo de qué ha podido fallar.

En Euskadi, tres mujeres fallecieron el año pasado víctimas de la violencia machista. Dos de ellas contaban con una medida de esas características -se dictaron 630 en toda la comunidad, según datos judiciales-. La última, Mendoza, tenía una orden de alejamiento que su marido incumplió reiteradamente sin que ni ella, ni su entorno, ni los vecinos alertaran a las autoridades. Rosario Román, la segunda, fallecida en junio, interpuso una denuncia contra su expareja, pero la retiró por amenazas.

En el preciso instante en que una mujer interpone una denuncia por maltrato se activa un protocolo de medición del riesgo. La Ertzaintza evalúa a la víctima usando un cuestionario diseñado por Enrique Echeburúa, catedrático de Psicología Clínica de la UPV. El test determina su nivel de riesgo entre tres niveles: bajo, medio y alto. "Se trata de una valoración dinámica; es una fotografía de la situación, pero esa situación puede cambiar al cabo de 48 horas, una semana o 15 días", explica Echeburúa.

En la determinación de los mecanismos concretos de protección es donde entran en juego los detalles y matices, la clave para saber evaluar el riesgo y controlarlo. La pericia del profesional, ya sea policía o juez, para saber apreciar, por ejemplo, qué se esconde ante el silencio de una mujer. Interpretar los más nimios detalles de la vida de una víctima de la violencia sexista, como, por ejemplo, que alquile un piso para enmanciparse de su maltratador, puede suponer pasar de un nivel de riesgo bajo a otro elevado. O lo que es lo mismo, pasar de recibir la llamada de un agente que comprueba que todo va bien de forma regular a la necesidad de llevar un escolta.

El lehendakari, Patxi López, reconoció el pasado miércoles que "algo falla todavía cuando se producen este tipo de asesinatos" y se comprometió a "reforzar" la lucha contra la violencia machista pidiendo la implicación de todos.