El Estado deja de pagar a treinta municipios que no liquidaron el 2010

El Gobierno central vuelve a rectificar y en septiembre sí dejará de transferir la participación de los ingresos a los ayuntamientos que no liquidaron el presupuesto de 2010 en plazo, tal y como establece la Ley de Economía Sostenible. Pese a que este martes un portavoz oficial del Ministerio de Economía aseguró a EL PAÍS que la comunicación remitida a los ayuntamientos que no cerraron el pasado ejercicio era solo eso, un aviso que el Gobierno no pensaba llevar a cabo, el gabinete de la vicepresidenta Elena Salgado sostiene ahora que esa explicación se debió a un "error de comunicación" y que la amenaza se llevará a término "porque el Gobierno cumplirá lo que dice la ley".

Esa norma establece que la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales retendrá "desde septiembre el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que corresponden" a los alcaldes que no hayan cumplido con su obligación de entregar antes de agosto las liquidaciones del ejercicio pasado.

Algunos regidores admiten que sin esos ingresos no tienen para nóminas

Lo que significa que 30 ayuntamientos dejarán de recibir el mes que viene las transferencias del Gobierno central, que representan aproximadamente una cuarta parte de los ingresos municipales. Según los alcaldes consultados, la medida supondrá la puntilla para sus administraciones que en algunos casos no podrán hacer frente a las nóminas de los funcionarios. Y viene a sumarse a la obligación que tienen los regidores de devolver en los próximos cinco años al Estado los anticipos a cuenta que percibieron durante 2008 y 2009 de acuerdo con unas previsiones del Gobierno central que no tuvieron en cuenta la crisis que vendría, con la consiguiente caída de la recaudación fiscal.

Una tormenta perfecta se cierne sobre ayuntamientos como Ames o Marín (ambos por encima de los 25.000 habitantes) cuyos alcaldes, Santiago Amor y María Ramallo, los dos del PP, acaban de heredar las cuentas -de dos antecesores socialistas, el presidente de la Fegamp, Carlos Fernández, en Ames, y Franciso Feiga en Marín- sin tiempo para poner orden en la tesorería local.

Al igual que ellos, los regidores de villas medias como Nigrán, Mondoñedo, Ponteareas, Valdoviño o Negreira tampoco han remitido al ministerio las liquidaciones de 2010 antes del 31 de julio, cuando expiraba la última prórroga que el Gobierno central concedió a quienes no cumplieron el primer plazo que expliraba en marzo. Y eso que ese período extra permitió acelerar los trámites a unos 60 alcaldes pues según la lista que figura en la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, a principios de julio eran 105 los que aun no habían enviado esa documentación que debía estar lista en marzo. Esos 60 regidores o sus departamentos de intervención confirmaron este viernes a EL PAÍS que ya formalizaron todos los trámites.

La lista de los que perderán a partir de septiembre los ingresos del Estado es extensa y no distingue entre territorios ni color político, los hay de todos los partidos.

Además de los ya citados: Coristanco, Santiso, Sobrado y Rois, en A Coruña; Curtis y A Golada, en Pontevedra; Ribeira de Piquín, Pol y Guitiriz, en Lugo y Piñor, Manzaneda, Cortegada, en Ourense. El padrón de los que no cumplieron aun podría seguir engordando dado que los alcaldes de otros once municipios que a principios de julio no habían liquiedado las cuentas de 2010 no han atendido los requerimientos de este periódico para comprobar si les dio tiempo a hacerlo antes de agosto. Son los de Padrón, A Lama, Rodeiro, Covelo, Viana do Bolo, O Irixo, Xunqueira de Espadañedo, Lobios, Taboada, A Bola y Maceda. Pese los reiterados intentos de EL PAÍS por conocer su situación contable a 31 de julio ha sido imposible determinar si cumplieron con sus obligaciones legales.

Los de Ribadumia, Negreira, Toques y O Barco de Valdeorrras esperan entretanto clemencia del ministerio de Elena Salgado, después de asumir que entregaron las cuentas fuera de plazo, en las primeras semanas de agosto.

Según el Ministerio de Economía la retención de los ingresos se producirá solo hasta que los alcaldes remitan las liquidaciones de 2010. En el caso de Ames, por ejemplo, le hará perder 400.000 euros al mes (de un presupuesto de 27 millones) hasta que por fin logre auditar el ejercicio pasado. Su alcalde, que debuta, Santiago Amor, aseguró el viernes a este diario que sin esa aportación del Estado, al Ayuntamiento le resultaría imposible pagar a sus trabajadores ya en el mes de octubre. Ese mismo relato lo comparten decenas de regidores, algunos nuevos en el cargo, que piden comprensión al Gobierno central.

Con información de Sara Alonso Rodríguez, Alexandre Vázquez Lorenzo , Diana Mandiá y María Pampín.