Facenda achaca a "incidencias" el retraso en las oposiciones

La Consellería de Facenda atribuye el retraso en la resolución de unas oposiciones de la Xunta a las numerosas incidencias que se tuvieron que ir solventando a lo largo del proceso de selección. En un comunicado, la Dirección Xeral de Función Pública manifiesta su "voluntad clara de terminar cuanto antes" el procedimiento, y espera recibir el baremo definitivo por parte del tribunal "a finales de agosto o principios de septiembre". Hasta es fecha no podrá "mover ficha", alega Facenda.

La oferta de empleo publico, convocada en 2008, ofrecía 41 plazas de la categoría A1 en la Xunta. Transcurrido el período máximo marcado por ley para resolver el concurso, -tres años -, ninguno de los 60 aspirantes ha obtenido respuesta. La Administración señala que, pese a todo, "está cumpliendo la normativa vigente".

Entre las supuestas incidencias, la Consellería de Facenda destaca la modificación de las bases de la convocatoria, ocasionadas por reformas legislativas, y el aumento de aspirantes al segundo examen. Desde este departamento apuntan como otras trabas el cambio de los miembros del tribunal y la apertura de nuevos plazos para la presentación de documentación y alegaciones.

Sobre las críticas del PSOE por este asunto, la Consellería recuerda que las oposiciones se convocaron durante el bipartito, y debido al cambio de Gobierno -ocho meses y medio después de la convocatoria- fue la nueva Xunta la que designó el tribunal.

Indemnizaciones

El portavoz del área institucional del Grupo Parlamentario Socialista, Jose Manuel Lage Tuñas, volvió a afear la actitud del Gobierno gallego, en especial la de su presidente, al que consideró "missing". Mediante una nota de prensa, el diputado asegura que el comportamiento de la Xunta puede conllevar una "posible responsabilidad patrimonial" al sobrepasar el límite de tres años marcado por la legislación.

Con el precedente de una sentencia por un caso similar del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Lage Tuñas manifestó que, una vez resueltas las oposiciones, el Ejecutivo posiblemente tenga que indemnizar a los trabajadores por el tiempo de retraso. El diputado socialista advierte que la Xunta "pisotea la legalidad y pone en riesgo la hacienda pública, porque en caso de haber indemnizaciones, las pagaríamos entre todos".