"Hay que reducir el tremendo gasto de la lucha contra el fuego"

Nadie duda de que Tomás Fernández-Couto, director general de Montes, es el cerebro de la política contraincendios de la Xunta, al mando del conselleiro de Medio Rural. El pasado viernes, cuando se hizo esta entrevista, mostraba su confianza en que dieran fruto inmediato las investigaciones sobre los fuegos que en los últimos días han mantenido en vilo a vecinos de Ourense y sus alrededores. Ayer mismo hubo novedades y la policía autonómica detuvo a dos personas acusadas del fuego que arrasó 60 hectáreas en Cea. Los incendios de estos días en Ourense han sido, según Fernández-Couto, "especialmente estratégicas, por el lugar y la forma en que aparecen tan cerca de viviendas, en condiciones en que todo favorece la propagación con hasta siete puntos de fuego".

"No vamos a contratar más personal porque haya fuegos provocados"

"¿Externalizar servicios? Es un tema abierto. Ni confirmo ni niego"

P. ¿Cuál es el balance de la campaña hasta ahora?

R. Es un año anómalo, en el que no ha llovido prácticamente en primavera. Hay zonas en las que prácticamente en los últimos cinco meses no ha llovido. Eso abre el periodo de actividad incendiaria y lo prolonga, pero dentro de esa anomalía es una temporada que entra en los parámetros de normalidad y eficacia. Todos los fuegos han estado controlados en un máximo de 16 horas, con mucha prontitud. El operativo se está comportando de forma eficaz.

P. ¿Las hectáreas quemadas?

R. No damos balances intermedios. Estamos dentro de los objetivos en cuanto a superficies medias y el número de fuegos sigue en torno al de estos años. Estamos todavía en el ecuador de la campaña, no es bueno dar un mensaje ni triunfalista ni catastrofista que pueda animar la actividad incendiaria.

P. ¿Por qué son excesivos 100 metros de separación entre monte y viviendas?

R. El tema no es tan sencillo. El borrador de la ley de montes incluye unas modificaciones de la ley de incendios, que mantiene diferentes situaciones. Marca unos perímetros de 100 metros de gestión de combustible y de 50 metros para diferentes especies de arbolado. Pero en otras zonas y, curiosamente en las viviendas aisladas en zonas de alto riesgo, ya no habla de 100 metros sino de 50 de gestión del combustible y ya no desde el límite de la propiedad sino desde la pared de la vivienda. Estamos planteando que no puede haber matices y diferencias, tiene que haber un cumplimiento de la ley y unas distancias claramente aplicables. Y hay que generalizar su aplicación, realmente escasa. Estamos marcando 50 metros de gestión de biomasa y 30 de las especies arbóreas. Hablamos de distancias desde el límite de la propiedad o desde la zona de núcleo urbano. La ley tiene unas lagunas de difícil aplicación y estamos intentando unificarlas.

P. ¿Hay que cambiar la ley para que, en caso de que los vecinos no limpien sus fincas, la administración subsidiaria sea la Xunta y no los ayuntamientos, que se quejan de falta de financiación?

R. La Xunta es subsidiaria en todo el territorio salvo en esos entornos de los núcleos urbanos, donde son los ayuntamientos los que dan licencias, y eso tiene repercusiones en los propietarios forestales colindantes. Es lógico y coherente que la misma administración que organiza ese territorio sea la subsidiaria. Lo que hay es que aplicar la ley y no mandar mensajes equívocos. Estoy un poco aburrido de escuchar que la Xunta no hace los convenios de defensa con los núcleos. La ley en este sentido es clara, el obligado a hacer la gestión es el propietario y en caso de que no, la administración local puede requerir a ese propietario para que limpie y, si en 15 días no empieza la limpieza, lo puede hacer el ayuntamiento, pero a costa del propietario. Dedicar fondos públicos a hacer esas limpiezas es una malversación o una prevaricación. Hacer con fondos públicos algo que la ley obliga a un propietario no parece que sea muy legal. ¿Cómo se puede avanzar? La ley marcaba planes de defensa y prevención para zonas de alto riesgo y después tenía que haber unos planes municipales. Es muy difícil saber cuál es el reparto. Nosotros planteamos que en cada distrito va a haber un plan y si tiene zonas de alto riesgo, tendrá medidas específicas. Y que los planes municipales incluyan de forma obligatoria las acciones de su competencia. Tiene que determinar cuáles son las zonas de defensa y que se analice la propiedad para saber quiénes son las personas obligadas. En esa línea sí podemos hacer convenios con los municipios.

P. ¿Hay sanciones para quien no cumple con las limpiezas?

R. Las hay, pero si para un ayuntamiento es complicado localizar a los propietarios, imagine para nosotros. Hay un número importante de sanciones, pero entiendo que aquí hay que realizar un esfuerzo para poner sobre la mesa que las acciones de prevención deben realizarse.

P. El conselleiro de Medio Rural repite que el operativo es muy costoso. ¿Hay una tendencia a ir reduciéndolo?

R. Es tremendamente costoso. Es triste que tengamos que financiar un operativo como este, con dinero que se podría dedicar a acciones productivas, cuando el 60% o el 70% de los incendios son provocados. Cualquier operativo debe nacer con el objetivo de poder disminuir en el futuro. El número de fuegos está bajando. En estos últimos años no llegamos a 4.000 y hasta 2005 nos movíamos entre los 9.000 y los 11.000 al año. El objetivo a medio y largo plazo debería ser poder disminuir el tremendo gasto.

P. Entonces, ¿hay más medios de los necesarios?

R. Esto quiere decir que la proporción de brigadistas y medios en este momento es mayor que la que había hace años.

P. ¿Se externalizará algún servicio para abaratar costes?

R. No hay en este momento ninguna decisión. Estamos analizando los costes, los funcionamientos y no tenemos previstos cambios a corto plazo que sean significativos. Eso no quiere decir que el operativo del próximo año sea como el de este.

P. ¿Pero se lo plantean?

R. En estos momentos no tenemos contemplada ningún tipo de externalización. Ni confirmo ni niego. Es un tema abierto, pero en este momento no tenemos ninguna línea de trabajo para externalizar parte del operativo.

P. ¿Se va a mantener la empresa pública Seaga?

R. Seaga tiene una función muy interesante a desarrollar en algunos momentos, como en una catástrofe. Sobre la defensa de incendios, Galicia tiene un operativo estructural muy importante, que es el cogollo del operativo, con unas incorporaciones en periodo estival. Hace años se dio el cambio a un operativo estructural para desligar el número de incendios de las contrataciones. El ideal de un operativo es que su funcionamiento no dependa de lo que está pasando, sino que tenga unos periodos establecidos. Probablemente no haya variaciones en el modelo que tenemos.

P. Cada inicio de campaña hay protestas por los trabajadores de Seaga del sindicato CIG ¿perjudica eso en algo al servicio?

R. Hay una cuestión que no beneficia. En algunos momentos se nos han trasladado presiones de contrataciones y de adelantos ligados a la actividad incendiaria. Hay un mensaje que hay que dejar muy claro: no vamos a contratar personal porque haya una actividad incendiaria provocada. Hace años que Galicia salió de esa potencial economía del fuego. Tenemos un operativo estructural y también están los medios del Estado y la Unidad Militar de Emergencias. Aquí hemos demostrado una capacidad de integración perfecta de todos estos medios.

P. Un año después de la muerte de dos brigadistas en Fornelos y con un juicio por el medio, ¿la Xunta considera que hubo alguna responsabilidad en el mando de la operación?

R. Entendemos que fue una situación puntual y un accidente. Es un tema que está en la vía judicial. El procedimiento judicial está por encima de todos

P. ¿Se siguió el protocolo habitual?

R. Hay en este momento una investigación que analiza todo lo que ocurrió. No la vamos a matizar nosotros, antes o después.