Gestionar bien en tiempos de ajuste

La buena gestión pasa por asignar los recursos teniendo presentes costes y beneficios. Y da igual que nos refiramos a la esfera privada e individual o a la colectiva y pública. La lógica debe ser la misma. Lo que cambia es que, en el primer caso, los costes y beneficios relevantes son los privados; en el segundo deben ser los sociales. Por eso, el gestor público, cuando toma una decisión, está obligado a tener en cuenta cosas como sus efectos sobre la distribución de la renta, el paisaje, la contaminación, o la igualdad de acceso a los bienes y servicios públicos.

En la esfera privada, la inmensa mayoría de las personas suelen reflexionar mucho cuando se enfrentan a una compra o inversión de importe significativo (un piso, un coche, una lavadora o un billete de avión). Incluso dicen que existen economistas profesionales que, a semejanza del protagonista de la novela Murder at the margin, el profesor Spearman, someten a escrutinio la asignación de todos y cada uno de sus céntimos.

Llama la atención la liberalidad con la que se asignan recursos públicos, a todos los niveles

Que el Ayuntamiento más endeudado optase a acoger la Copa Davis no parece muy sensato

En contraste, llama la atención la liberalidad con la que se asignan recursos públicos, a todos los niveles. Todos conocemos obras y servicios que absorben recursos para los que existirían, sin duda, mejores alternativas. Trenes de alta velocidad, ciudades de la cultura, paseos fluviales... por no hablar de autovías o puertos. La realidad es que es excepcional que se aplique la misma lógica del espacio privado de toma de decisiones al público. Lo malo y censurable es que se podría hacer. Porque existen herramientas para ello.

En concreto, la técnica del análisis coste-beneficio (ACB) es el principal instrumento utilizado en el examen de la eficiencia del gasto público. En esencia, se trata de determinar los costes y beneficios generados por un determinado programa de gasto y compararlos entre sí. El análisis puede efectuarse antes o después de la ejecución del proyecto. Un ACB realizado ex-ante permite guiar las decisiones públicas. La evaluación ex-post cuenta con la ventaja de que se puede trabajar con datos reales y no previsiones; y permite determinar la eficiencia del gasto ejecutado y mejorar las estimaciones ex-ante de proyectos futuros. El ACB tiene un campo de aplicación amplio y puede aplicarse tanto a los proyectos de inversión como a programas de gasto de naturaleza fundamentalmente corriente.

Por supuesto, realizar un ACB tiene su coste y, por ello, no tiene sentido aplicarlo a proyectos de importe muy bajo. Pero sí a aquellos que movilizan cientos de miles o millones de euros. Las administraciones públicas deberían establecer umbrales a partir de los cuales la realización de informes independientes de rentabilidad social neta de los proyectos fuese preceptiva. Nos ayudaría enormemente a gestionar mejor, sobre todo en tiempo de máxima austeridad, y a objetivar el debate público.

Por ello es una buena noticia que el anteproyecto de la ley industrial de Galicia establezca la obligatoriedad de someter a evaluación económica los proyectos que se apoyan. Ojalá que en su tramitación y posterior aplicación esta idea no se quede descafeinada y que, además, la ley entre pronto en vigor (cada vez queda menos legislatura por delante).

En sentido contrario, llama la atención la candidatura de Santiago de Compostela para la semifinal de la Copa Davis. Con un Ayuntamiento que lidera la clasificación gallega en deuda bancaria por habitante, con un supuesto agujero que supera los 15 millones y que ha llevado al nuevo alcalde a hablar literalmente de bancarrota, no parece muy sensato meterse voluntariamente en la organización de un evento que va a costar varios millones de euros sin tener bien cuantificados los beneficios económicos para la ciudad (tangibles e intangibles) y los propios retornos fiscales. Porque puede ocurrir y de hecho suele ocurrir que un evento de estas características sea bueno para la economía local pero malo para las arcas municipales. En definitiva, la buena gestión en tiempos de austeridad exige hacer muchos números antes de lanzarse a nuevos proyectos o seguir apoyando otros heredados.