El Estado deja de pagar ingresos por tributos a municipios sin fiscalizar

Con membrete del Ministerio de Economía y Hacienda, las primeras cartas empezaron a llegar a finales de julio a los ayuntamientos gallegos que a finales de marzo no habían comunicado al Gobierno central las liquidaciones del pasado ejercicio. En cumplimiento del apartado 1 del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible, el ministerio resuelve que a partir de septiembre la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales procederá a retener el importe de las entregas mensuales a cuenta de la participación en los tributos del Estado que le correspondan". Ese ultimátum concedía una prórroga hasta el pasado 30 de julio para que los alcaldes cumpliesen con sus obligaciones legales y diesen cuenta de su fiscalización a través de la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entiedades locales. Y advertía en el último párrafo de que "el incumplimiento de las referidas obligaciones en el plazo indicado dará lugar a la aplicación en el mes de octubre de la retención prevista en la ley".

Aunque no consta el número de ayuntamientos que serán castigados por no cumplir con este preceptivo trámite en 2010, durante los últimos ejercicios fiscalizados más de una treintena de alcaldes han evitado liquidar su presupuesto en plazo.

El propio Consello de Contas advirtió en su último informe, presentado en julio, sobre la cuenta general de las administraciones locales que el número de alcaldes incumplidores sigue creciendo desde que estalló la crisis. Si en 2007 habían sido 38 municipios los que no presentaron sus cuentas, un año más tarde fueron 43.La disposición que el Gobierno ha introducido en la Ley de Economía Sostenible que castiga a los alcaldes que no cumplan con su obligación legal de liquidar el presupuesto en plazo llega en el peor momento posible para muchos ayuntamientos, que se ven ahogados por las deudas,y cuando algunos alcaldes amagan con dejar de prestar servicios.

Ames, con 29.000 habitantes, en las inmediaciones de Santiago, uno de los ayuntamientos que ya ha recibido la misiva del Ministerio de Economía, dejaría de ingresar solo en el mes de octubre más de 400.000 euros que le corresponderían de su participación en los tributos del Estado. El pleno en este municipio ha aprobado por unanimidad una declaración en la que solicita al Gobierno central una prórroga para cumplir con sus obligaciones ahora que ya cuenta con un plan de fiscalización.

Su alcalde, el popular Santiago Amor que ha sucedido en el cargo al actual presidente de le Fegamp, Carlos Fernández, ha cargado contra su predecesor por la gestión económica del ayuntamiento que no ha rendido cuentas ante el organismo fiscalizador y que tiene los presupuestos prorrogados.

Con el objetivo de transparentar la gestión de las administraciones locales, la Xunta, al igual que el ministerio, también prepara una ley que dejará fuera de sus programas de subvenciones a los alcaldes que no auditan sus cuentas. Dicha norma sigue en fase de tramitación para exportar al resto de las consellerías la filosofía del departamento de Presidencia, que ya lo venía aplicando en su líneas de ayudas. Según el propio Santiago Amor, Ames también ha perdido por este motivo una ayuda de 38.719 euros del Gobierno gallego.