El 46,5% de los dependientes está desatendido

Lo que la Ley de Dependencia establecía como un recurso extraordinario, las prestaciones económicas, se ha generalizado hasta el punto de "desvirtuar" el espíritu de la norma, que apostaba por los servicios, como la teleasistencia, los centros de día o las residencias frente a los subsidios directos a los dependientes. Así lo diagnostica el Consello de Contas, que en su último informe ha evaluado la aplicación en Galicia del llamado cuarto pilar del Estado de bienestar entre los años 2007 y 2009.

Sin embargo, el análisis sigue siendo válido a día de hoy, aunque se ha atenuado el peso de las prestaciones económicas. De este modo, si en 2009, las pagas al cuidador alcanzaban el 59,1%, ese porcentaje se ha reducido al 45%, según los datos actualizados aportados por la Consellería de Traballo e Benestar. No obstante, este porcentaje continúa muy lejos del carácter "excepcional" que dicta la ley. El departamento que dirige Beatriz Mato se escuda en que esta tendencia es común en la mayoría de comunidades autónomas, algo que también refleja el órgano fiscalizador en su evaluación.

Benestar tarda una media de siete meses en resolver cada expediente

Así, justifica este desfase entre la proyección normativa y su puesta en práctica en "las preferencias de los ciudadanos", y lo explica por la "tradición cultural" y por el contexto de crisis, "que incita a que las preferencias se encaminen a obtener un recurso económico", aunque en 2007, cuando empezó a funcionar la norma, aún no se habían desatado las turbulencias financieras. Con todo, remarca que una de sus prioridades es garantizar unos cuidados de calidad a los dependientes, para lo que está haciendo "una importante apuesta por fomentar los servicios sobre las prestaciones económicas". Contas censura los "importantes e injustificados desfases" entre los beneficiarios con derecho a prestación reconocido y los que la están recibiendo. En 2007 el porcentaje estaba en el 94%, al año siguiente se redujo al 66% y en 2009, el primero de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, cayó al 51,7% (el 48,3%, según la consellería). No obstante, la incorporación de más personas al sistema ha paralizado esta tendencia. A 1 de agosto de este año, son el 46,5% los beneficiarios desatendidos, un total de 27.826 personas.

Si le hiciesen caso al Núñez Feijóo de la campaña electoral que le aupó al poder, esas casi 28.000 personas deberían llevar al Ejecutivo gallego ante los tribunales para reclamar sus derechos. "A la sociedad solo le queda una posibilidad: demandar al Gobierno pidiendo exclusivamente que se cumpla la ley", proclamó en un mitin de febrero de 2009 sobre las 42.000 personas que estaban en esta situación. Luego añadió que, si llegase a gobernar, intentaría "que a la Xunta no se la denuncie".

Ahora los argumentos de Benestar son otros. Fuentes del departamento recalcan que si el Gobierno central aportase el 50% que le corresponde "estarían atendidos todos los dependientes gallegos". La ley impone que la financiación del nivel mínimo, el grueso del presupuesto, sea al 50%, mientras que existe un segundo nivel en el que las comunidades deben poner, al menos, tanto dinero como el Estado. El informe de Contas certifica que en los tres años analizados Galicia soportó un 58,4% de la inversión, porcentaje que ascendió hasta el 63,6% en 2009. También da cuenta de una desviación de casi 800 millones de euros en los primeros cuatro años sobre el coste inicialmente previsto de implantar el sistema de dependencia.

Otra de las críticas del órgano fiscalizador se refiere a la lentitud "inaceptable" con la que se tramitaban los expedientes, una media de 658 días (20 meses) en 2008, cuando gobernaba el bipartito. El informe valora el trabajo de la actual Consellería para rebajar esos plazos, gracias a un decreto de 2010 que los reduce a la mitad, de doce a seis meses. El tiempo medio para resolver cada solicitud ese año fue algo superior a los siete meses, y un poco inferior en los casos más graves.

Contas señala que la participación de los beneficiarios en la financiación del sistema es inferior a la prevista. La Xunta vuelve a imputar la responsabilidad al Gobierno por haber errado sus estimaciones en la memoria financiera de la ley, lo que perjudica "enormemente" a Galicia. Argumenta que no se tuvo en cuenta que las pensiones de los gallegos son de las más bajas del Estado, y la colaboración al sostenimiento de las prestaciones se basa, precisamente, en la renta. La Consellería achaca "dificultades" al sistema del Estado, y puntualiza que otras comunidades tuvieron que poner también en marcha sus propios mecanismos para gestionar los datos.