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LA CORRUPCIÓN POLÍTICA | La lucha contra la delincuencia económica

Un asesor y varios Gobiernos para saquear las arcas municipales

Un asesor de Urbanismo, dos alcaldes y numerosos concejales de varios Gobiernos municipales de Marbella causaron el mayor saqueo a unas arcas públicas en democracia. Hasta el punto de que se tomó la medida excepcional de disolver la corporación, porque quienes la dirigían estaban en la cárcel o imputados, y nombrar una gestora para dirigir el Ayuntamiento.

Juan Antonio Roca fue el gran cerebro de la trama corrupta desde su cargo de asesor de Urbanismo y todopoderoso hacedor del Ayuntamiento de Marbella.

El policía que dirigió todas las investigaciones sobre el denominado caso Malaya, vinculadas al blanqueo de capitales, uno de los delitos perpetrados por la trama, señaló que Juan Antonio Roca había introducido en el circuito legal del dinero "no menos de 671 millones de euros" entre 1994 y 2006, a través de 26 hombres de paja que crearon para él distintas sociedades en las que ocultó su patrimonio, conseguido gracias al saqueo de las arcas públicas del Ayuntamiento en el que trabajaba.

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El blanqueo de capitales se dispara

El fiscal que investigó el caso, Juan Carlos López Caballero, expuso en uno de sus escritos el procedimiento que supuestamente empleaba Roca para blanquear el dinero obtenido por medios ilegales. En una de las operaciones, Roca invirtió un dinero de origen desconocido en una sociedad que acababa de comprar unos terrenos que, previa recalificación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Marbella e impulsada por el propio Roca, se habían revalorizado hasta duplicar su valor. Los beneficios de aquella operación, según el fiscal, también supusieron un blanqueo de capitales, porque acabaron en una cuenta en Liechtenstein.

Uno de los alcaldes de Marbella, Julián Muñoz, durante el tiempo en que el asesor Juan Antonio Roca hacía sus negocios en el municipio, también fue imputado por blanqueo de capitales.

En este caso, el procedimiento utilizado por Muñoz, según la investigación, consistía en cobrar comisiones ilegales por sus gestiones a favor de distintas operaciones urbanísticas de promotores inmobiliarios, comprar diversas propiedades con ese dinero y poner ese patrimonio a nombre de sociedades de su pareja.

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