"Tenemos la conciencia tranquila ante el acoso por la corrupción"

Andrés Llorens, concejal de Atención Urbana del Ayuntamiento de Alicante, ha estrenado mandato con una honda reforma del negociado de mayor envergadura del Ayuntamiento y que más sombras de corrupción arrojó en la anterior legislatura, con cuatro causas en los tribunales. Llorens, número dos del Gobierno local de la popular Sonia Castedo, ha descentralizado el departamento y despojado de competencias a Víctor López, técnico que asumía el control del área y que había acumulado tres imputaciones. La remodelación va acompañada de un nuevo código ético para los funcionarios, a los que se prohíbe relacionarse con los empresarios aspirantes a los contratos. Llorens rechaza que la iniciativa sea un lavado de imagen del equipo de gobierno ante el acoso de la corrupción, que alcanza inclusive a la alcaldesa. Castedo está acusada por el fiscal en el caso Brugal.

"El objetivo es mejorar la eficacia, la transparencia y los controles"

Pregunta. Después de cuatro años al frente de la concejalía, ¿por qué impone ahora este código ético a los técnicos?

Respuesta. Es un área muy diversa y compleja, que presta más de 20 servicios a los ciudadanos de Alicante [el departamento cuenta con 250 funcionarios y un presupuesto de 60 millones de euros]. Lógicamente, necesitaba un tiempo de aclimatación, de conocimiento del área, de los departamentos y de las personas. En la legislatura pasada estuve pensando distintas modificaciones para mejorar el servicio y opté por ponerlas en práctica en el nuevo mandato.

P. ¿Qué fin persigue?

R. Los objetivos son varios, pero sobre todo y teniendo presente que nosotros somos servidores de los ciudadanos, la prioridad es reestructurar el área para ser más eficientes, más ágiles y ofrecer mayor transparencia. Hemos diseñado una nueva estructura, con nueve jefaturas intermedias para descentralizar el negociado.

P. ¿Prohibir a los técnicos relacionarse con los futuros adjudicatarios va a garantizar la objetividad en las adjudicaciones?

R. Eso es hacer una lectura simplista de las medidas, cosa que está haciendo la oposición. De lo que se trata es de regular de una manera distinta la estructura de la concejalía, con las nuevas jefaturas. Esto requiere que haya más control sobre el área y de manera complementaria se aplican esas normas éticas, que no es lo fundamental.

P. ¿Por qué se aplican estas medidas solo a este negociado municipal?

R. Porque con la complejidad de este departamento no hay otro en el Consistorio, y requería de un nuevo modelo de funcionamiento que exige mayor responsabilidad por parte de todos y mayores controles. Lo de las comidas y viajes es anecdótico.

P. ¿Si ahora se fijan más control es porque antes había menos o fallaron?

R. No. Insisto en que ahora se hace una nueva regulación del área. Se descentraliza la manera de actuar para que haya una nueva racionalización del trabajo y mayores controles.

P. ¿Los técnicos se han excedido en sus funciones o los políticos, en este caso usted, no han ejercido con el debido celo su labor de supervisión?

R. Ni una cosa ni otra. Había una estructura que, con el tiempo, me di cuenta de que no era la adecuada y que era necesario cambiar.

P. ¿La inminente adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura ha influido en la reforma?

R. No solo el contrato de la basura, sino todas las adjudicaciones que tramite la concejalía. Evidentemente, el contrato de la basura es el más importante que existe en el Ayuntamiento y eso exige, máxime en los momentos actuales y ante acoso al que está sometido el PP y el área de Atención Urbana, una especial dedicación para que se haga de manera correcta, transparente y eficaz.

P. ¿La remodelación ha sido una iniciativa suya, o por indicación de la alcaldesa?

R. Evidentemente, la alcaldesa y yo hablamos muy a menudo y le comenté que era necesario cambiar la estructura de la concejalía. Ella me dio luz verde para ponerla en marcha. Y pensamos que el momento adecuado era ahora.

P. El ciudadano va a ver la iniciativa como un intento de desviar sobre los funcionarios las sombras de sospechas de corrupción que han envuelto la gestión de ese negociado.

R. No. En absoluto. Es verdad que ha habido investigaciones judiciales, que felizmente han acabado en nada. También es cierto que existe un acoso constante hacia esta área de Atención Urbana, hacia sus políticos, pero también, como se ha venido demostrando, hacia los técnicos. Creo es que estas medidas, además de las mejoras que introducirán en el funcionamiento, también servirán de protección a los técnicos.

P. Tras el escándalo del caso Brugal, ¿hay más sensibilidad o nerviosismo en el equipo de gobierno por las consecuencias de las supuestas corruptelas?

R. En el equipo de gobierno hay mucha tranquilidad y mucha seguridad en lo que se hace y en nuestra responsabilidad de seguir trabajando en beneficio de los ciudadanos. Tenemos la conciencia muy tranquila.

P. El máximo técnico del departamento, Víctor López, ha estado imputado en tres causas. ¿Han fallado los controles de supervisión?

R. Tengo plena confianza en la honestidad de mis técnicos y soy consciente del acoso que estamos sufriendo, sobre todo, los políticos del PP y, en paralelo, los técnicos que están a nuestras órdenes.

P. Tras la reestructuración, ¿Víctor López mantiene sus competencias?

R. No. Víctor López tiene ahora unas competencias distintas, porque hay una manera de trabajar distinta. Se han creado jefaturas de departamentos que asumirán competencias y responsabilidades que antes recaían en él.