"Fue muy duro y muy largo"

El empresario lucense Jorge Dorribo pasó el lunes su primera noche fuera de la prisión de Bonxe (Lugo) después de dos meses y medio en la cárcel. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, Estela San José Asensio, decretó esta medida en el marco de la Operación Campeón, que investiga una trama dedicada al cobro irregular de subvenciones públicas que también ha salpicado al director general del instituto de crédito de la Xunta (Igape) y uno de los subdirectores de ese organismo.

"Nos tenemos que situar. Fue muy duro y muy largo", aseguró ayer a este periódico Aveline Fernández, la mujer del empresario, antes de remitir al periodista al letrado que lleva el caso, Ignacio Peláez. Apenas han trascendido datos sobre la puesta en libertad provisional de Dorribo más allá de que tendrá que presentarse todos los días en el juzgado y que se le ha retirado el pasaporte.

Los trabajadores de Nupel llevan dos meses y medio sin cobrar

"Esperemos que la salida de la cárcel lo que dé es por lo menos la posibilidad de conseguir información y llegar a acuerdos [con la plantilla]", valora el secretario en Lugo de Comisiones Obreras, Jesús Castro. Los 45 trabajadores que componen el grupo están sin carga de trabajo. En la matriz, la empresa farmacéutica Nupel (en suspensión de pagos), se ha activado un ERE para despedir a 35 personas. Dorribo tiene en suspenso las facultades de administración.

La juez, que no ha hecho públicas las imputaciones a cada uno de los detenidos, vincula la trama a los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales a través del cobro de subvenciones procedentes de la UE que gestionaba el Igape, un instituto público dependiente de la Consellería de Economía.

Desde que en mayo se abrió el operativo, que acabó con la detención de 16 personas, los empleados del grupo no han cobrado sus nóminas. "Tenemos que intentar ver cómo está económicamente [la empresa], sabemos que hay problemas en los pagos a proveedores, que están vendiendo parte de los coches, y aún así estamos hablando de cantidades muy pequeñas, a algunos se les adeuda 3.000 o 4.000 euros y no les han pagado nada", asegura Castro. CC OO se plantea pedir una reunión con Dorribo para conocer la situación real de las empresas y las posibilidades de que puedan sobrevivir.

Jesús Castro cree que la situación "es difícil". "El resto de empresas del grupo están cerrando y no tienen empleados. Hay ramificaciones en trabajadores que estaban contratados en Cataluña, en Hospitalet. Será la administración concursal la que analice el tema. Nosotros vamos a echar una mano para que sea viable". Algunos trabajadores todavía confían en que Dorribo pueda levantar la sociedad. Los empleados que no hayan cobrado y que no estén en el ERE de suspensión tienen la posibilidad de pedir la finalización del contrato cuando se cumplan tres meses sin cobrar.