La mayoría de las asociaciones judiciales, a favor de la propuesta pero con matices

Las asociaciones judiciales también terciaron en la polémica, la mayoría a favor de la propuesta del consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, aunque con matizaciones. No así Jueces para la Democracia, que aseguró que el copago "no agilizaría los procedimientos, generaría desigualdades sociales y tendría efectos recaudatorios, pero no de mejora en el trámite".

Las personas con elevado patrimonio o empresas "no tendrían ningún problema en pagar las tasas, pero a los ciudadanos de rentas inferiores se les disuadiría de la defensa de sus derechos", adujo la asociación progresista. El copago en Justicia, servicios sanitarios o educación "representa una visión contraria a los principios esenciales del Estado social y democrático de Derecho", criticó JpD, que propuso otras medidas para desatascar la Justicia, como la agilización de la reforma de la oficina judicial y una gestión "más adecuada" de los recursos.

A Pablo Llanera, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, le pareció lógico que los gastos sean soportados en mayor medida por los que acuden con mayor frecuencia a los tribunales. Pero con dos limitaciones: que las personas sin recursos puedan acudir a la justicia gratuita y que el gasto sea soportado por los que acudan a los tribunales y no se les dé la razón.

Por su parte, Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, recordó que ya existe una tasa en las jurisdicciones civil y contencioso-administrativa que se podría extender al resto. Sexmero argumentó que la implantación de una tasa en la Administración de Justicia no sería onerosa para los usuarios y contribuiría a mejorar el servicio.

El portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, también señaló que no debe descartarse que los usuarios tengan que sufragar una tasa "simbólica" por el servicio, aunque reconoció la dificultad de implantar una tasa en las jurisdicciones penal y social. Por ello, abogó por definir en qué jurisdicciones y por qué actos se exigiría una tasa que, en su opinión, podría suponer una mejora en la calidad de la Justicia.