Dependientes piden al Gobierno que obligue al Consell a cumplir la ley

La plataforma en defensa de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana se reunió ayer con la delegada del Gobierno, Ana Botella, para compartir información y estados de ánimo. La situación no ha cambiado en los últimos meses. La Comunidad continúa a la cola en el desarrollo y aplicación de la ley. Con datos del 1 de agosto, es la segunda peor región de todo el Estado en la relación entre población atendida por número de habitantes, solo el 0,86%. La única autonomía que ofrece peores números es Canarias. La plataforma sospecha además que el dinero que transfiere el Gobierno a la Generalitat para que reparta las ayudas podría alimentar fines distintos de los establecidos. "Me han insistido mucho es eso", reconoció ayer Botella, "en que el Gobierno obligue a las comunidades autónomas a aplicar la ley correctamente, a que las aportaciones de dinero sean finalistas".

En la Comunidad hay 76.336 ciudadanos con derecho a beneficiarse de la ley de la Dependencia. Esto supone ayudas económicas para costearse residencias, centros de día, cuidadores, actividades para prevenir la dependencia... Sin embargo, 32.000 no lo hacen, no acceden al dinero, ¿Por qué? por boicot. "Denunciamos un boicot de las autoridades valencianas", lamentaba ayer el coordinador de la plataforma, Jaime García. "Han tardado mucho tiempo en desarrollar aspectos de la ley y en otros ni siquiera lo han hecho", añadió. De hecho, la Comunidad no ofrece a los dependientes ayudas a domicilio (En Andalucía hay más de 50.000; en Madrid, más de 20.000), ni aplica, en la práctica, la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Solo una persona en toda la comunidad recibe esta prestación (en Cataluña, 1.489, en Madrid, más de 5.000).

Luego está el problema de los pagos. En los últimos días, la plataforma anda algo preocupada por la el "excesivo" retraso de las ayudas del mes pasado en Alicante. "Normalmente, llegan a mitad de mes, entre el 13 y el 15, que ya es tarde. Entonces no las ingresaron hasta el día 26". "No es un problema de financiación por parte del Estado", defendía García, "Sanidad nos aseguró que las transferencias a las comunidades se hacen antes de fin de mes, ¿por qué ese lapso entonces?", se preguntaba. Botella apuntaba que "las aportaciones son finalistas", esto es, que no pueden dedicarse a otro fin que a ayudas a la dependencia. "La plataforma entiende, sin embargo", matizó la delegada, "que quizá el dinero vaya a un colchón de tesorería de los servicios sociales [de la Generalitat] basándose en algún resquicio legal".

La plataforma indicó ayer además que pedirá al consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, que se reúna con ellos para tratar de solucionar el asunto: primero, que los pagos se efectúen entre el 1 y el 5 de cada mes y luego que el Consell desarrolle todos los aspectos de la ley. Cabré explicó hace unos días que la demora inusual en el pago de las subvenciones resultó de "un problema en tesorería que ya se ha solventado".

La plataforma pedirá también al consejero que promueva la transparencia de las instituciones valencianas respecto a la aplicación de la ley, que den datos. "Es que ya no es solo el boicot", redundaba García, "es la falta de datos y la sensación de parálisis. Parece que se atienda lo que ya se ha concedido sin voluntad de desarrollar nada más. Hay procesos parados más de dos años y más de cuatro y no nos dan información", concluyó.