Los afectados por el macropolígono de Salvaterra cobrarán ocho millones

Sucesivas sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) están reconociendo los términos del convenio aprobado por la Xunta bipartita en diciembre de 2008 que establece las indemnizaciones que deben recibir los propietarios de los terrenos expropiados para la formación de la Plataforma Logística Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan), el macropolígono industrial que desde estas localidades del interior de la provincia de Pontevedra está llamado a funcionar como puerto seco de Vigo. Estas sentencias, que fijan la valoración de los recursos mineros que abarca la zona, adquieren la condición de firmes, sin opción a recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS), por cuanto en ningún caso superan los 150.000 euros de importe del procedimiento, y obligan a pagar a los promotores del área industrial (Autoridad Portuaria de Vigo, Zona Franca y Xunta) casi ocho millones de euros.

Desde su finalidad primordial de dar servicio al puerto de Vigo, el desarrollo de la Plisan, que comienza en 2002, parece haberse realizado sobre un campo de minas. Hubo que repetir el proceso expropiatorio, por sus enormes lagunas, y el movimiento de tierras no pudo iniciarse hasta 2007. Entonces se estimaba que las obras estarían concluidas en 2010 y que las instalaciones empezarían a funcionar en 2011. Nada más lejos de la realidad.Una sentencia del Supremo, el año pasado, anuló el plan sectorial originario, que incluía un polígono de 419 hectáreas, y obligó a realizar a toda mecha otro plan nuevo excluyendo 70 hectáreas de especial protección forestal que no debieron incorporarse. El terreno excluido correspondió a la parte de Zona Franca, que se quedó prácticamente sin suelo en el polígono y que, de hecho, en sus presupuestos para 2012 no contempla ninguna partida para el desarrollo de la Plisan. Zona Franca es copropietaria, con la Xunta, del 50% de la zona de servicios generales del polígono.

La Xunta retomó, después de un año de abandono, la urbanización de su parte, 75 hectáreas, que sería el único suelo utilizable a corto plazo y, singularmente, para la implantación en él de la fábrica de baterías de litio de Mitsubishi, si llegara a consumarse (la crisis nuclear de Japón dejó el proyecto en suspenso). Los terrenos de la Autoridad Portuaria de Vigo, el principal propietario (236 hectáreas), están hoy impracticables para los fines propuestos y cabe suponer, ya que no se explicitó, que los 6,7 millones que su consejo de administración aprobó el pasado viernes para la Plisan se destinarán a pagar el grueso de los recursos mineros cuya cuantía están fijando ahora las sentencias del TSXG. Estas sentencias señalan en sus razonamientos jurídicos "la errática conducta procesal seguida por la Xunta", que primero recurre en casación otras sentencias previas del TSXG que reconocían el derecho de los expropiados a percibir indemnización por los recursos mineros y luego, en noviembre del año pasado, desiste y retira los procedimientos ante el TS, secundada en esa conducta por la Autoridad Portuaria y Zona Franca.

"Lo que desde el principio de seguridad jurídica se deduce sin dificultad de su contradictoria actuación", dice el TSXG, "es que la Xunta de Galicia actuó impulsada o de acuerdo plenamente por quienes aparecen como partes en el convenio, aunque su lentitud impidiera su formalización en el plazo deseable". El convenio fue aprobado en diciembre de 2008 por la comisión de seguimiento de la Plisan, en la que estaban representados los tres promotores del polígono; fue autorizado por un decreto de la Xunta bipartita en funciones el 26 de marzo de 2009 y publicado en el Diario Oficial de Galicia de 23 abril. El Gobierno del PP inició al mes siguiente las acciones judiciales para anularlo.

El argumento clave de los abogados del Estado que han perseguido ese mismo objetivo en representación de la Autoridad Portuaria y Zona Franca se ha centrado en que los compromisos asumidos por la Administración autonómica en el convenio no pueden extenderse a la Administración del Estado, de la que dependen los otros dos organismos promotores de la Plisan. Pero "desde los principios de seguridad jurídica y confianza legítima", precisa el TSXG, "resulta ciertamente difícil admitir que el Consello de la Xunta autorice y en definitiva convalide el contenido expositivo del decreto y su anexo si no es el fruto de la voluntad común y expresa de las entidades públicas intervinientes".

El convenio "revela un reconocimiento implícito por las entidades públicas intervinientes de la cuantía económica en la que debía fijarse la indemnización representativa" por la eliminación del aprovechamiento potencial de los recursos mineros "de los que es titular el propietario" de los terrenos expropiados y que se fija al precio unitario de 4,03 euros por metro cuadrado, como señalaba el convenio.