Poder sin responsabilidad

El proceso de constitución de una nacionalidad o región en comunidad autónoma es un camino sin retorno. En esto se diferencia el Estado autonómico de la Constitución de 1978 del Estado integral de la Constitución republicana de 1931. En esta última, una región autónoma podía renunciar a serlo, revirtiendo la dirección de la misma al Estado. Con la Constitución de 1978 no es posible. Y así lo dejó dicho de forma inequívoca el Tribunal Constitucional en la sentencia 89/1984.

Una vez constituida, los órganos de gobierno de la comunidad autónoma, Parlamento y Gobierno, no pueden dejar de dirigir políticamente la nacionalidad o región en los términos contemplados conjuntamente por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En este último figuran las competencias que la comunidad autónoma asume tras la correspondiente negociación con el Estado, sin la cual el Estatuto de Autonomía no puede ser aprobado. La nacionalidad o región puede negociar qué competencias quiere asumir en el momento de constituirse en comunidad autónoma, es decir, en el momento de aprobación o reforma de su Estatuto de Autonomía, pero no puede, una vez constituida, devolver competencias que figuran en dicho Estatuto de Autonomía.

En el mundo del derecho se discute casi todo, pero esto, que yo sepa, no se ha discutido nunca desde la entrada en vigor de la Constitución y los Estatutos. La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se puede modificar mediante reforma de la Constitución y/o de los Estatutos de Autonomía, pero no puede serlo unilateralmente ni por el Estado ni por una comunidad autónoma. Si así no fuera, no tendríamos propiamente un Estado.

Esto no lo pueden no saber los presidentes de las comunidades autónomas, ni los que acceden a dicha condición por primera vez, como la presidenta de Castilla-La Mancha, ni los que son presidentes desde hace varias legislaturas, como el de Murcia. De ahí que no se pueda entender que estén poniendo en circulación el discurso de la devolución de competencias en materia de justicia, de sanidad o de educación al Estado.

Cuando se asume el Gobierno se asume la responsabilidad de dirigir políticamente la comunidad en las condiciones en que se encuentra. No se puede aceptar el Gobierno a beneficio de inventario. No se puede simultáneamente querer el poder y no querer la responsabilidad que el ejercicio del poder conlleva. La reivindicación del poder conlleva la aceptación de la responsabilidad. No se puede estar en el Gobierno y desplazar la responsabilidad de la acción de gobierno hacia los demás.

A este espectáculo es al que estamos asistiendo en estos días por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas del PP. Es obvio que estamos en una situación muy difícil y que gobernar en este momento supone tomar decisiones dolorosas. Pero la instancia competente para tomar cada una de ellas es la que tiene que tomarla. El Gobierno de la nación ha tomado las suyas y tiene que seguir tomándolas. Y los gobiernos de las comunidades autónomas también tienen que hacerlo. El Gobierno de CiU está siendo un ejemplo, independientemente de que se esté o no de acuerdo con las medidas que está adoptando. No está escurriendo el bulto, sino que está haciendo frente a su responsabilidad de gobernar con el coste que conlleva. Los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP se están comportando como adolescentes que son incapaces de asumir las responsabilidades derivadas del ejercicio del poder. Llevan años predicando una política de rigor y austeridad, pero se echan atrás en cuanto son ellos los que tienen que ponerla en práctica.