Nueve imputados en la Xunta de Feijóo

José Manuel Álvarez Campana fue destituido el jueves como presidente de Portos de Galicia "a petición propia". Nada que ver, aseguró Feijóo, con su implicación en el caso Rinlo, en el que el fiscal le acusa de supuesta prevaricación administrativa y ambiental al aprobar una piscifactoría en Ribadeo. El presidente de la Xunta, que esta misma semana consideró que a Francisco Camps "le honra" su dimisión, mantiene por lo tanto una máxima bien distinta en su Gobierno, en el que permanecían 10 cargos pese a estar imputados por la justicia, nueve tras el cese de Álvarez Campana.

Antes de las elecciones autonómicas, la filosofía era distinta. En febrero de 2009, Feijóo retiró de la candidatura del PP por Ourense a su cabeza de lista, Luis Carrera, tras saberse que cobró 240.000 euros en comisiones de una cuenta del paraíso fiscal de las Islas Caimán. Eran otros tiempos: faltaba apenas un mes para las elecciones. Ya al frente de la Xunta, la filosofía del "yo predico con el ejemplo", de la que presumió Feijóo al prescindir de Carrera, ha sido sustituida por la de "evitar prejuicios y precipitaciones". El presidente ha llevado hasta tal extremo la tolerancia con los imputados que no ha destituido a ninguno de los que se le acumulan en la Administración autonómica, que son unos cuantos. Además de los nueve cargos que hacen frente a acusaciones judiciales, otros dos permanecen pese a haber sido ya condenados.

La lista de imputados de la Xunta comenzó a hacerse demasiado larga este verano, cuando la juez que impulsó la Operación Campeón implicó a tres altos cargos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.Los imputados de la Consellería de Medio Ambiente, que dirige Agustín Hernández, son la directora general de Infraestructuras, Ethel Vázquez, y los subdirectores de Planificación, Antonio López Blanco, y Estradas, Mateo Maigler. Con ellos hacen cinco los altos cargos de la Xunta imputados en la presunta trama de obtención fraudulenta de subvenciones y préstamos públicos a través del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

Feijóo y Hernández apostaron por la continuidad de los tres implicados de Medio Ambiente, y los llamamientos a la "regeneración democrática" que predicaba el primero en vísperas electorales se ha convertido en apelaciones al "máximo respeto a la presunción de inocencia", en palabras del conselleiro. Feijóo aún no ha dado explicaciones por la imputación de estos tres altos cargos.

A los dos responsables del Igape imputados -su director general, Joaquín Varela, y su subdirector de Información Especializada, Carlos Silva Liste-, el presidente de la Xunta decidió "apartarlos de sus funciones". Varela tiene, en efecto, "suspendidas" las funciones, pero no dimitió ni fue destituido, y puede reincorporarse en cualquier momento al Igape. Silva fue recompensado con un ascenso de categoría.

Tráfico de influencias

Parecida tolerancia mantiene Feijóo con los dos imputados por abuso de poder en la investigación a Unións Agrarias. Se trata del director general de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida Trastoy, y del director general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada Romero. Ambos lideraron la investigación a una supuesta trama agraria que el PP atribuyó al PSOE "para sacar por la puerta de atrás de la Xunta 640.000 euros y pagar campañas electorales". Los dos siguen en sus cargos, mientras la titular del juzgado número 1 de Santiago, que les imputa prevaricación administrativa, en su modalidad de desvío de poder, continúa con su investigación.

Otros dos imputados son los dos jefes de servicio de la sociedad pública Sogama a los que el juez atribuye un supuesto delito de tráfico de influencias. El responsable del área técnica de la sociedad pública, Ramón Pérez Mariño, y el jefe de transferencia y transporte, Ángel Javier Costal Vázquez, intentaron influir presuntamente en varios procesos de contratación, de acuerdo con la investigación judicial. La reacción de la Xunta ha sido apartarlos de los procesos de adjudicación, manteniendo el resto de sus atribuciones y, por su puesto, su sueldo íntegro.

Hasta su destitución del ya expresidente de Portos de Galicia, que Feijóo atribuyó a su deseo de trabajar para la Diputación de A Coruña, completaba la nómina de los implicados de la Xunta José Manuel Álvarez-Campana, acusado por la fiscalía de prevaricación medioambiental y urbanística por aprobar una declaración ambiental irregular de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), cuando era director general de Calidade e Avaliación Ambiental en el último Gobierno de Manuel Fraga.

Además de los 10 imputados, siguen en sus funciones los dos cargos de la Xunta ya condenados judicialmente. Se trata del superdelegado del Gobierno gallego en Ourense, Rogelio Martínez, y de la directora general de Formación y Colocación, Ana María Díez López. El primero fue condenado en firme 2009 por la Audiencia Nacional a devolver el importe de obras "inexistentes" realizadas con fondos comunitarios. También está imputado penalmente por este mismo hecho y denunciado por prevaricación en la adjudicación de un tanatorio en su pueblo de Arnoia. La directora de Formación fue condenada por un juzgado de Ferrol por despido improcedente.