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Ence ignora el fin de la concesión y anuncia inversiones en Lourizán

La autorización de la pastera en su emplazamiento en la ría de Pontevedra expira en 2018 - Lores pide a Feijóo que intervenga

Los años pasan y poco a poco se acerca la fecha límite de 2018 que la Ley de Costas fija para que la fábrica de celulosas de Ence abandone su emplazamiento en la ría de Pontevedra, pero la empresa sigue sin hacer el más mínimo amago que permita suponer que se toma en serio el plazo. Las espaciadas comparecencias de los responsables de la pastera insisten en minimizar el impacto ambiental y presumen de la inversión en la factoría de Lourizán. El último ejemplo se dio ayer, con la rueda de prensa en la que el director de la fábrica, José Antonio Camblor, presentó los resultados de una auditoría de gestión ambiental de 2010. "Son los mejores de la historia", recalcó el jefe de Calidad y Medio Ambiente de la pastera, Carlos Casas. El alcalde pontevedrés, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), volvió a pedir tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que el Gobierno gallego retire los permisos a la planta para que sus responsables asuman que debe salir de la ría.

El director de la fábrica espera anular la "percepción" de malos olores

Camblor, que sirvió de guía en una visita a la planta para periodistas, en la que no se permitió hacer fotografías, previa a la rueda de prensa, rechazó hasta en tres ocasiones comentar cómo encara la empresa, si es que lo hace, el desmantelamiento al que obliga la ley. "Estamos muy enfocados en hacer las cosas muy bien. Tenemos la convicción de que esa es la mejor garantía de futuro", trató de esquivar el responsable de la planta, que anuncia además más inversiones. La última, un proyecto conjunto con la Universidad de Santiago para eliminar definitivamente en dos años el olor que despiden los humos de la cocción de la pasta, y que hasta ahora se venían considerando imposibles de erradicar.

"Estamos incorporando tecnologías muy recientes, del año pasado. Vamos a conseguir eliminar esa percepción", aseguró Camblor, muy lejos del discurso de quien se sabe con los días contados. "Seguiremos en esta dinámica de inversión e implantando mejoras continuas. También tenemos inversiones en renovación de instalaciones", abundó.

Los resultados de los que presumieron ayer los responsables de la fábrica muestran que se cumplen los requisitos que fija la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la Xunta, que caduca este año. Estos muestran un descenso en los parámetros de demanda química y biológica de oxígeno del agua vertida a la ría del 19% y el 50%, respectivamente. La empresa insiste en que la planta es la que menos contamina en sus vertidos en Europa, y que está entre las punteras respecto a las emisiones a la atmósfera. Desde la Asociación pola Defensa da Ría repiten constantemente que la ley que regula el tratamiento de aguas residuales urbanas fija unos límites mucho más estrictos que Ence no cumple. La compañía replica que esa legislación no le afecta y el desacuerdo se enquista cada vez que llega a los tribunales.

El alcalde volvió ayer a la carga tras su reunión con Feijóo en Santiago. "La empresa está intentando por todos los medios seguir en Lourizán, como esa campaña mediática en la que están para convencer a los pontevedreses de que es una empresa inocua y beneficiosa". Lores cree que hay "motivos suficientes" para denegar la renovación de la AAI. "El informe del Ayuntamiento era negativo, y denegarla no quiere decir que se deje de producir inmediatamente. Pero hay que mandar recados, y la Xunta está dando una de cal y otra de arena", indicó. Camblor, por el contrario, aseguró que, con los resultados recién publicados, la extensión del permiso será una "consecuencia natural". Feijóo eludió la cuestión en la rueda de prensa posterior al encuentro con el regidor nacionalista para reafirmarse en la postura oficial del Ejecutivo autónomo, que deja en manos de la empresa la decisión de proponer una nueva localización, preferiblemente en la comarca pontevedresa.

Posturas enrocadas

Tras una visita de más de dos horas a Santiago, Miguel Anxo Fernández Lores regresó a Pontevedra para dar cuenta de su reunión con Feijóo, a la que también asistió el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández. Tras agradecer la "deferencia" del presidente por recibirle antes que a los demás alcaldes y presidentes de Diputaciones, señaló que el encuentro había sido "positivo", pero no tardó en marcar distancias a cuenta del nuevo hospital de Monte Carrasco, un proyecto que el PP quiere financiar con la privatización de la construcción y la gestión del edificio, al que el Gobierno local se opone con todas sus fuerzas. "Si su decisión es hacer el hospital nuevo desde luego no va a ser con la colaboración ni el dinero de los ciudadanos pontevedreses", lanzó.

"Ellos sostienen que no se puede disponer ni de un euro en este momento y que es necesario el modelo público-privado. No nos convence", añadió. El alcalde insiste en que el Hospital de Montecelo fue reformado recientemente y que ampliarlo costaría solo el 60% de lo que supondrá levantar los accesos al nuevo centro: "En este contexto de crisis la ampliación es lo razonable".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de julio de 2011

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