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El BNG se desmarca del urbanismo de Orozco en Lugo

El BNG de Lugo se desmarcó ayer de su socio de gobierno, el alcalde socialista Xosé Clemente López Orozco, en cuestiones de urbanismo. El regidor dijo el lunes sentirse víctima de una "persecución" por tener que ir a declarar en septiembre como imputado por prevaricación, en relación con el pago de productividades a funcionarios encargados de la redacción del Plan Xeral de Ordenación Municipal. Por boca de la concejala de Infraestructuras, Paz Abraira, los socios nacionalistas se quieren mantener al margen. "El BNG, pese a estar en el Gobierno, mantiene su independencia y libertad absoluta en materia de urbanismo tal y como se refleja en el pacto", puntualizó ayer Abraira. El que investiga el Juzgado de Instrucción número 1, además, "es un asunto que afecta al alcalde por su gestión urbanística en el anterior mandato, una gestión que no compartimos", zanjó, y recordó que los nacionalistas, en la pasada legislatura, votaron en contra del documento urbanístico, no como los socialistas y populares.

En los bancos de la oposición, el portavoz popular, Jaime Castiñeira, no daba crédito a lo dicho por Orozco. "Que hable de persecución política me parece muy grave, cuando él sabe mucho de eso porque persiguió por ideales a funcionarios e incluso a compañeros de corporación, con denuncias a dos concejales del grupo popular: Enrique Rozas por unas declaraciones sobre la policía y Sofía López por otras de la Operación Carioca. Orozco entiende la democracia según le interesa", censuró. "Ser político es complicado, pero cuando uno actúa con honradez no tiene por qué temer nada", concluyó.

Productividades

El presidente del colectivo que ha denunciado al alcalde, la Asociación por la Legalidad Urbanística de Lugo (Alpul), José Cabanas, volvió a defender ayer que las productividades fueron "excesivas". "Creo recordar que una fue de 9.000 euros y la otra de unos 4.000", concretaba, hablando de memoria, a este diario, sobre la documentación que obra en poder el juzgado.

"A otros funcionarios les han pagado menos", dijo Cabanas, "lo que hemos hecho es trasladar los datos al juzgado, que ha visto que puede haber algún indicio". Y no pasó por alto lo dicho en respuesta el lunes por Orozco, que emplazó al juzgado a que investigue a Alpul. "El alcalde ha dicho eso y otras muchas cosas, pero si cree que algo está mal que dé los pasos que tiene que dar", desafió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de julio de 2011