Al banquillo

Por resolución del intrépido juez José Flors, el presidente Francisco Camps y su mariachi de atildados cofrades serán finalmente juzgados por un delito continuado de cohecho pasivo impropio a propósito de los trajes pagados o regalados. Una menudencia penal que cuando aconteció -va para tres años- no conllevaba siquiera la inhabilitación para desempeñar cargos públicos. En el peor de los casos para los procesados, con una multa moderada quedará saldada su deuda con la ley. Tan sólo los políticos representativos dotados de vergüenza más o menos torera optarían por la dimisión antes de sentarse en el banquillo, sobre todo cuando son abrumadores e incluso escandalosos los indicios de la inculpación, además de la granizada penal que acecha al molt honorable por presunta prevaricación, financiación ilegal del partido y otras consecuencias punibles de su relación con la facinerosa trama Gürtel.

Pero no es ese el criterio del jefe del Consell y de su entorno, dispuestos a resistir aún a costa de continuar dotando de motivos las páginas sarcásticas y tertulias mediáticas que contemplan esta comunidad como un referente donde toda corrupción goza o ha gozado de barra libre. No es éste el espacio ni la oportunidad -aunque ahí queda- para reprochar a los votantes del PP la frivolidad que supuso revalidar la confianza en un partido agusanado de chorizos y con un líder a la defensiva frente a la prensa, abrumado por la justicia y a menudo fugitivo para no ser señalado con el dedo. Los sociólogos y psicólogos sociales sabrán las claves de ese dislate colectivo que también incumbe, obviamente, a buena parte de la izquierda.

No obstante, nadie puede negarle al presidente el derecho a proclamar su inocencia y defenderla ante los tribunales a pesar de los peregrinos argumentos que esgrime, con sus embustes y contradicciones. Un buen letrado puede hacer mucho por su patrocinado, pero no milagros. En el curso de los últimos meses, además, se ha ido percibiendo en este sentido la estrategia procesal del PP que, después de sentirse amparado por la amistad del juez Juan Luis de la Rúa, ha tenido que resignarse a la inexorabilidad de un juicio oral -"un trámite procesal más", en palabras de un consejero- y a la eventualidad de una condena que sería asimismo devaluada como una mera incidencia, procediendo después a su apelación ante el Tribunal Supremo, lo que previsiblemente aplazará el fallo definitivo hasta el crepúsculo de la legislatura. Misión cumplida: aguantar a todo trance, aun sonrojados. Por desgracia, las leyes y jueces solo aplican el derecho, no garantizan la justicia, aunque en asuntos como el que nos ocupa deberían ser excepcionalmente diligentes y expeditivos para contribuir al saneamiento de la vida pública.

Y una nota final, ajena a este asunto forense. Nos referimos a la renovación del Consell Valencià de Cultura y, concretamente, a la exclusión del mismo que ha sufrido Joan Francesc Mira, la cabeza mejor amueblada y versátil de los escritores valencianos. De lo publicado se desprende que ha sido la víctima de un mal entendido o de unos golpes bajos partidarios, en modo alguno tolerables. El candidato está a nuestro juicio muy por encima de sus electores parlamentarios y del mismo mentado organismo, tan prescindible de no mejorar sus mimbres. Como es un tipo educado que habrá contenido su emoción ante lo que reputamos una villanía, yo me permito traducirla a mi aire con un corte de mangas y un que les den, mucho y a todos.