La oposición acusa a la Xunta de "sumisión" a los Franco

Las reacciones no se han hecho esperar. El cierre del pazo de Meirás durante el mes de agosto por la llegada de la familia Franco ha indignado a la oposición. Socialistas y nacionalistas han criticado duramente la decisión del Ejecutivo gallego, al que acusan de menospreciar los derechos de los ciudadanos para favorecer a los herederos del dictador.

A través de su portavoz de Cultura, Carmen Burgo, el PSdeG ha denunciado que la Xunta "se pliega a los deseos e intereses" de los Franco en una actitud que califican de "bochornosa para un Gobierno democrático". Para los socialistas, el cierre de Meirás supone, además, un incumplimiento de la Lei del Patrimonio de Galicia, que obliga a los propietarios de bienes declarados BIC a permitir su visita gratuita durante un mínimo de cuatro días al mes. El BNG ha formulado una proposición no de ley instando a la Xunta a garantizar la apertura del inmueble en agosto según lo establecido en el convenio que regula su accesibilidad al público. Asimismo, los nacionalistas reclaman que se inicien los trámites para un nuevo acuerdo en el que la Xunta asuma solo aquellos gastos derivados de su condición de Bien de Interés Cultural.

Monge: "Usan una propiedad que debería ser patrimonio público"

Y es que ante las críticas de la oposición, el secretario general de Cultura, Antonio Fernández Campa, ha alegado que fue Prosegur, empresa encargada de la seguridad del pazo, la que planteó a la Xunta el posible incremento de los gastos que supondría reforzar la vigilancia para compaginar las visitas al inmueble con la presencia de la familia Franco. Según Campa, este aumento de los costes de seguridad es el que ha llevado al Gobierno a modificar el programa de visitas, incrementándolas en julio y septiembre y cerrando el pazo en agosto.

Sin embargo, tal y como han recordado los nacionalistas, se trata de unos gastos que la Xunta asume en lugar de la familia Franco pese a no estar obligada por ley. Motivo por el cual también el PSdeG ha registrado en el Parlamento una serie de iniciativas para que la Xunta explique las condiciones y costes que ha asumido con las empresas que gestionan las visitas y la seguridad de Meirás. Más tajante, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña, Manuel Monge, ha señalado que deben ser los Franco los que paguen los costes de vigilancia, recordando que Meirás es "el único caso en Europa en el que la familia de un dictador sigue utilizando una propiedad que debe ser de patrimonio público".