El Estado adeuda a 70 exempleadas de Los Charlines 1,2 millones de euros

La empresa Aldasa, adjudicataria de las obras de demolición del antiguo cocedero embargado a Los Charlines, la más famosa familia de narcotraficantes de Vilanova de Arousa, ha tenido que contratar a una empresa especializada en manipular amianto para retirar la cubierta de la nave en cuyos terrenos se construirá el futuro teatro Valle Inclán.

Casi dos semanas de minucioso trabajo han necesitado los operarios de la empresa Pleycor para levantar las cinco toneladas de fibrocemento, un material empleado en la construcción que tiene elementos contaminantes prohibidos ahora por la legislación y cuya retirada y transporte requiere de controles y permisos de Medio Ambiente. Con mascarillas, ropa y guantes especiales, los cinco operarios fueron retirando a mano las planchas de uralita que luego fueron empaquetadas en bolsas de plástico anticontaminantes, explicó el encargado de las obras, José María Filgueira.

La nave, ubicada en Vilanova de Arousa, será derribada a finales de este mes

Las obras han sufrido un retraso por la presencia de amianto

Mientras parte de los obreros levantaban la cubierta, otros utilizaban las mangueras para evitar con el agua que se propagaran las partículas en suspensión. Ayer estaba previsto el traslado del material a la central de As Pontes para ser destruido, según el capataz de la empresa.

Aldasa tiene previsto ejecutar la demolición de la estructura de hormigón de la nave el 26 de julio, una fecha que pasará a los anales de la historia del narcotráfico. Charpo fue expropiada como empresa matriz del mayor entramado dedicado al blanqueo de dinero en la década de los noventa. El derribo de esta factoría representa también el principio de la caída de la primera organización potente y extensa que operó en el tráfico de drogas en Galicia, y que fue embargada por la Audiencia Nacional en octubre de 1995.

Enclavados en el recinto portuario de Vilanova, los 2.000 metros cuadrados de terrenos que ocupa Charpo están afectados también por la construcción de un nuevo vial de acceso. Ha habido que esperar un año de trámites administrativos para proceder a la demolición, publicada todavía esta misma semana por el Diario Oficial de Galicia y que costará 613.000 euros.

Al tiempo que comenzó el derribo de Charpo, las que durante años fueron empleadas de Los Charlines en el mayor cocedero de mariscos de la ría de Arousa siguen peleando por cobrar lo que todavía les adeuda el Estado en concepto de indemnizaciones por los despidos a los que se vio abocada la empresa antes y después de la intervención judicial.

Las 70 trabajadoras afectadas por deudas acumuladas estos años se reunieron esta semana con los administradores judiciales que gestionaron la empresa hasta su cierre definitivo para reclamar una vez más 1,2 millones de euros que todavía no han cobrado. Esta cantidad supone la mitad de la deuda por las liquidaciones de los despidos, por lo que podría aumentar con los intereses de demora.

Las trabajadoras ya pretendían cobrar esta cantidad cuando la Agencia Tributaria subastó la última parte de los bienes embargados a Los Charlines, pero no fue así. Al parecer en el depósito judicial solo hay 450.000 euros consignados para proceder al último pago de las indemnizaciones, una cantidad insuficiente porque algunos adjudicatarios del patrimonio vendido todavía adeudan las cantidades de la compra a la Agencia Tributaria.

Según las explicaciones que dieron a las trabajadoras los administradores judiciales, este proceso es largo porque requiere de diversos trámites administrativos, ya que las cantidades recaudadas por la venta de los bienes decomisados no pueden librarse sin la autorización de la Audiencia Nacional.

De momento, las trabajadoras han percibido 800.000 euros de una subasta y 400.000 de otra, que supone la mitad de la deuda. El compromiso ahora es retomar las conversaciones en septiembre, cuando se pretende zanjar este largo litigio laboral que algunas empleadas iniciaron con Los Charlines hace más de 20 años.

La nueva prórroga ha generado un enorme malestar entre este colectivo que no descarta movilizaciones por lo que consideran "una situación escandalosa", después de tantos años de espera. Las trabajadoras no están de acuerdo con el balance de las cuentas de Los Charlines, y afirman que la Agencia Tributaria ingresó dinero suficiente de las subastas para que pudieran cobrar. "Solo con el pazo de Vista Real y un poco más era suficiente", señalan.