Salgado rechaza alternativas "transitorias" a los incentivos del naval
De forma contundente, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, rechazó ayer fijar ayudas "transitorias" para el sector naval que compensen el bloqueo del tax lease, un sistema de incentivos fiscales a la construcción de buques civiles en España que está siendo investigado por Europa que las considera ayudas de Estado incompatibles con el mercado comunitario. Salgado se enfrentó en el Congreso al diputado popular Arsenio Fernández de Mesa, para defender que el sistema español de alquiler fiscal no contraviene la normativa europea. Aseguró que el Ejecutivo está "plenamente convencido" de la legalidad de los incentivos.
La titular de Economía ha pedido a políticos y empresarios del naval la "máxima prudencia" hasta que concluya la investigación de la UE. No obstante, ayer culpó directamente al PP de la situación por haber ideado, en 2002, un sistema de bonificaciones que no fue comunicado a las autoridades comunitarias. Aznar inyectó en los astilleros públicos 1.200 millones de euros en ayudas estatales declaradas ilegales por la UE y que supusieron el final de Izar y su refundación como Navantia, limitada a la construcción militar. Salgado criticó que la Xunta hable de "ayudas o bonificaciones" para referirse al sistema de alquiler fiscal, cuando el Gobierno trata de demostrar precisamente que no lo son.
Denuncias
La tasa sospechosa de ser irregular se aplica desde 2003 y abarata hasta un 30% la contratación de los buques civiles en astilleros españoles a través de un complejo sistema de alquiler con derecho a compra (leasing) que permite amortizar parte de los activos financieros y aligerar la carga fiscal. El tax lease quedó en suspenso el 1 de julio tras la apertura de un expediente a España a raíz de las denuncias de otros astilleros europeos, competidores directos de las factorías navales de Galicia, País Vasco o Andalucía.
Fernández de Mesa argumentó que en los últimos ocho años se han construido en España 273 buques aplicando el tax lease con un volumen de negocio que cifró en 9.000 millones de euros y generó 35.000 empleos, 11.000 de ellos en Galicia. La preocupación de empresarios y sindicatos del naval en Vigo es tener que devolver las cifras millonarias que amortizaron en las contrataciones tax lease.
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