Juicio contra un hombre por cobrar un impuesto revolucionario

Los nueve integrantes de un jurado popular se encargarán a partir de hoy en la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de dirimir si Mariano José Arjona Echevarría es culpable de un delito de amenazas condicionales por intentar cobrar un impuesto revolucionario a otro hombre. El fiscal le pide como supuesto autor un año y 10 meses de prisión, además del pago de 3.000 euros como indemnización a su víctima, Domingo D. G., en concepto de daños morales.

Los hechos ocurrieron el 25 de enero de 2006, cuando el acusado hizo una llamada al teléfono móvil de su víctima en la que le decía: "¡Escucha atentamente! Te llamamos para que si no quieres que le pase nada a tu familia y a tu hija, nos tienes que pagar el impuesto revolucionario". Acto seguido, concretó la cantidad que debía entregar: 10.000 euros.

A las 10.45 del día siguiente, el acusado realizó una nueva llamada a Domingo en la que le comunicaba los detalles de la entrega del dinero, que debía hacerse en el cementerio de la Almudena. La víctima denunció lo que estaba ocurriendo a la policía y esta montó un dispositivo de vigilancia que permitió detener al imputado "sin que llegara a lograr su propósito", según relata el ministerio público. Su fin era "atemorizar y obtener un beneficio patrimonial", añade el fiscal.

Agresión sexual

El juicio contra Mariano José Arjona no será el único importante que se desarrolle esta semana en la Audiencia Provincial. Alberto O. se enfrenta a un delito de agresión sexual para el que el fiscal pide 10 años de prisión. Según su escrito, el 14 de junio de 2010 el acusado fue al domicilio de su expareja sentimental. Allí mantuvieron una conversación durante la cual él intentó besarla, a lo que ella se opuso. El hombre se marchó a la habitación, donde le pidió que volviera con él, mientras se echaba a llorar. La mujer acudió a calmarlo, momento que aprovechó el acusado para agredirla sexualmente, según el escrito del ministerio público.

También será juzgado Domingo Ángel H. por un supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por el que se le piden cinco años de prisión. El acusado utilizaba la empresa de la que era apoderado, Taurogestión Gestión Taurina SLNE, para traer a personas de Sudamérica sin llegar nunca a contratarlos.