El PSPV reclama por cuarta vez al Consell los contratos de Sedesa

Ahora va la cuarta. El diputado socialista Francesc Signes ha solicitado en las Cortes Valencianas de nuevo al Consell la información sobre los expedientes de contratación de la Generalitat con el grupo Sedesa entre los años 2000 y 2010, un periodo en que las adjudicaciones de obra civil a la empresa de la familia del exvicepresidente tercero Juan Cotino alcanzaron los 830 millones de euros.

Signes ha reducido a 43 casos de "información relevante" los 53 expedientes que solicitó por primera vez en octubre de 2009 a media docena de consejerías para obtener como respuesta el envío de los pliegos de condiciones de 47 de las adjudicaciones y poco más. El 12 de febrero de 2010, el diputado socialista volvió a la carga y reclamó de nuevo la información, es decir, las ofertas presentadas, los informes técnicos, las actas de las mesas de contratación y los contratos suscritos. Todos los departamentos le respondieron a finales de marzo de aquel año con la misma frase: "Le comunico que la información relevante ya le fue facilitada al ilustre diputado".

En un pleno, Camps puso los papeles a disposición del grupo socialista

Signes: "Las negativas hacen pensar que las cosas no están claras"

Signes decidió pedir amparo a finales de abril a la entonces presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, contra un ejercicio de opacidad como el que estaba protagonizando el Consell que preside Francisco Camps y esta le comunicó que había "enviado una fotocopia" de su escrito a la Presidencia de la Generalitat. El diputado socialista agradeció el trámite pero reclamó a Martínez que emitiera resolución y le concediera amparo. La presidenta de las Cortes le respondió que el amparo es una "figura inexistente en el reglamento" y le dijo que su solicitud no procedía.

Durante todo el pulso, el escándalo que suscitaron las investigaciones del caso Gürtel puso a Sedesa, grupo dirigido por Vicente Cotino, en el ojo del huracán, ya que fue señalada como una de las empresas sospechosas de haber participado en la financiación irregular del PP a través de Orange Market, la terminal valenciana de la trama de corrupción.

El 17 de junio de 2010, en uno de los ásperos debates entre el entonces portavoz socialista, Ángel Luna, y Camps en los plenos de control al presidente, el jefe del Consell llegó a afirmar que los expedientes polémicos estaban a disposición del Grupo Socialista. Signes se cogió a esa percha y el 28 de julio solicitó por tercera vez los contratos de Sedesa con la Generalitat, esta vez reducidos a 47 expedientes. La respuesta le era conocida. Las consejerías reiteraron que "la información relevante ya le fue facilitada al ilustre diputado".

El diputado socialista, sin embargo, no piensa rendirse y, apenas iniciada la octava legislatura, hace poco más de una semana presentó de nuevo la solicitud de información sobre 43 expedientes de adjudicaciones a Sedesa, que mientras tanto se integró en el grupo tecnológico Ezentis y se convirtió en su división de Infraestructuras. Lo ha hecho en 55 peticiones de documentación diferentes porque ha duplicado algunas para evitar que los cambios en la estructura del Consell, tras la reducción de 13 a 10 consejerías, puedan servir de excusa para no remitirle la información. "Nuestra obligación es hacer el control del Gobierno", explica Signes. "No presuponemos nada, pero las negativas y la opacidad sobre los expedientes hacen pensar que las cosas no están claras".

El parlamentario socialista es consciente de que en estos momentos es precisamente Juan Cotino, tras su salida del Consell, quien ocupa la presidencia de las Cortes Valencianas. "Por cuarta vez pedimos documentación que se nos ha denegado", señala Signes. "Confiamos en que ahora que Cotino es el presidente de la Cámara será el primer interesado en que los consejeros dejen de resistirse a poner luz y taquígrafos en este asunto que nos ocupa desde octubre de 2009".