La promotora de Conde Roa recibe 18 embargos de Hacienda en un año

El pasado 12 de abril, a mes y medio de las elecciones municipales, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó tres notificaciones de embargo del Ministerio de Economía contra la promotora urbanística del por entonces candidato del PP y hoy alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. No fue una excepción. Entre el 12 de febrero de 2010 y el 12 de abril del año siguiente, la constructora de Conde Roa recibió 18 "incidencias judiciales en fases ejecutivas que indican que la sociedad no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social o las Administraciones Locales y Autonómicas".

Todas esas amonestaciones y una que tiene fecha del 2 de julio de 2009 se publicaron en las distintas ediciones del BOE, donde además se certificaba que la sociedad no tiene un domicilio conocido. Las notificaciones aluden a la firma Geslander Proyectos de Edificación SL, en la que el actual alcalde de Santiago tiene el 99% de las acciones y ejerce como administrador único desde el 29 de junio de 2004. La sociedad se constituyó en 2003 con un capital suscrito de 3.008 euros y pronto se lanzó al entonces apetitoso negocio del ladrillo. Edificó vivienda de promoción pública en Santiago, después de que el Instituto Galego de Vivenda e Solo del Gobierno de Fraga le adjudicase uno de los edificios en la capital de Galicia. Y promovió distintas urbanizaciones en Lalín, en Daimiel (Castilla-La Mancha) y en Parla, en el área metropolitana de Madrid. Todos esos municipios son los que han reclamado deudas por no pagar los impuestos municipales a la constructora del alcalde de Santiago.

Geslander también acumuló deudas en la ciudad en la que ahora gobierna

En Daimiel, por ejemplo, la constructora dejó de abonar las tasas por licencia de obra y ocupación de la vía pública, en total 59.000 euros, pese a las repetidos requerimientos del Gobierno municipal, que finalmente trasladó la reclamación al servicio de Tesorería de la Diputación de Ciudad Real que ordenó el embargo a la sociedad. La primera reclamación provenía del 14 de abril de 2009, pero mes y medio después Conde Roa decidió dar de baja la promotora en el registro de Actividades Económicas. El entonces presidente del PP de Santiago abandonó también el censo de empresarios.

En Lalín, un gobierno de su mismo partido reclama a Geslander 664 euros derivados de cuatro recibos las plusvalías de los terrenos urbanizables y 930 euros más del Impuesto de Bienes Inmuebles. En la ciudad que ahora gobierna también acumuló deudas a través de su promotora. Después de levantar un edificio de 47 viviendas y de evitar pagar todos los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles, Conde Roa acudió a un pleno durante la pasada legislatura con un cheque de 7.300 euros que exhibió a los fotógrafos para saldar su deuda. Pero luego evitó depositarlo en el departamento de tesorería. El Ayuntamiento optó por ejecutar un aval para resarcirse de la deuda.

Entretanto, el entorno de Conde Roa intenta desvincular al dirigente político de los embargos de la Agencia Tributaria, con el argumento de que las deudas las tienen los compradores de las viviendas que Geslander enajenó con todas sus cargas.