El Consell entierra el conflicto de los chiringuitos con un convenio

Tras más de dos años de conflicto, el Consell decidió ayer cerrar la polémica con el Gobierno sobre las competencias en materia de chiringuitos playeros, un elemento que llegó a ser uno de los estandartes de las políticas del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El convenio, firmado con el Ministerio de Medio Ambiente, permite al Consell expresar su opinión antes de que el Ministerio de Medio Ambiente adopte cualquier decisión respecto a las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio marítimo terrestre que afecten a los chiringuitos playeros.

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, explicó ayer que el convenio tiene una duración de cinco años, aunque expresó su deseo de que se le transfieran mucho antes a la Generalitat valenciana las competencias del Estado en materia de chiringuitos.

Lola Johnson solo explicará en el juzgado su gestión en el 'caso Sanz'

El conflicto de los chiringuitos iniciado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en 2009, a la estela de un conflicto similar entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, afectó a a poco más de una docena de establecimientos en las playas de la Malva-rosa, El Saler y Pinedo. En la mayoría de los casos, la diferencia de criterio estaba en que la licencia concedida para instalar las terrazas se había incumplido con ampliaciones y cerramientos a la superficie otorgada.

Para que el convenio aprobado por el Consell con el Ministerio de Medio Ambiente no rompiese el discurso victimista de los populares, el consejero de Gobernación acompañó el acuerdo con un informe que, según su opinión, demuestra la persecución de que ha sido objeto la Generalitat por parte del Gobierno socialista.

Castellano se refirió al hecho de que el Gobierno en las dos legislaturas ha presentado más recursos de inconstitucionalidad contra la Comunidad Valenciana que contra cualquier otra autonomía, aunque obvió que la comisión mixta de transferencias Estado-Generalitat, donde ambas Administraciones resuelven sus diferencias antes de llegar a pleito, ha sido prácticamente nula.

En la misma comparecencia, la portavoz del Consell, Lola Johnson, no quiso valorar si su actuación como directora de Canal 9 fue la adecuada en el caso Vicente Sanz, denunciado por abuso sexual por tres periodistas cuando ocupaba la secretaría general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). "Dije y aporté todo lo que el juez me pidió y creo que sólo en sede judicial tengo que dar explicaciones", dijo Johnson, incómoda, tras ser interpelada varias veces por los periodistas.

Aún así, Johnson, que reconoció la gravedad de los hechos, aseguró que el actual director general de RTVV, José López Jaraba, "dio en las Cortes todas las explicaciones pertinentes y creo que se hizo de forma ejemplar".

Por otra parte, la consejera portavoz indicó que el Consell espera con tranquilidad la vista previa del caso de los trajes que tendrá lugar el próximo martes día 12, tras la cual se podría decretar la apertura de juicio oral contra el jefe del Consell y los otros tres ex altos cargos del PP (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret).

Johnson puso el acento en que el auto no observa relación entre las prendas de vestir y la concesión de contratos a las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel. "El presidente siempre ha dicho la verdad", repitió la consejera portavoz. "El auto es muy claro", continuó Johnson, "la Administración valenciana ha actuado de manera ejemplar".