"Están dejando completamente desatendida a una población prioritaria"

Dosinda Vilameá no se esperaba que un año y medio después de solicitar una ayuda para su padre enfermo, de 94 años, Benestar no le haya asignado tan siquiera un Programa Individual de Atención (PIA), el requisito mínimo para empezar a recibir la prestación. El anciano tiene reconocida una dependencia de grado 3 y nivel 2, la más alta de la escala, que en teoría le da prioridad en la resolución de su trámite. Pero a la hora de la verdad su precario estado de salud no le ha servido para agilizar la solicitud. El anciano vive en una aldea de Antas de Ulla (Lugo) con su esposa, con graves problemas de movilidad desde hace diez años. Su hija, que vive en A Coruña, le paga a tres personas distintas para que hagan turnos también por la noche. Los fines de semana los cuida ella misma. Tras muchas consultas, no entiende por qué su solicitud se está demorando tanto. Conoce familias que ya acumulan dos años se espera.

Vilameá se siente "ahogada", "Están dejando completamente desatendida a una población prioritaria", acusa. Los seis meses que, según el decreto 15/2010 que regula el derecho a prestaciones por dependencia, debería tardar en saber qué tipo de asistencia recibirá su padre son ya 18. Vilameá entregó la solicitud a finales de 2009 y en octubre de 2010 Benestar le comunicó el grado de dependencia que le reconocía a su padre, el más alto, el de un gran dependiente. La noticia llegaba con retraso, porque el plazo máximo para asignar el grado de dependencia del enfermo lo fija la ley en tres meses. Otro tanto es lo que debía tardar la última fase del trámite, la comunicación del PIA, el tipo de atención que se le subvenciona al enfermo, sea para atención en el entorno o a través de una empresa de servicios. Dosinda solicita para su padre la primera opción, que es la que lleva financiando desde hace años y la que mejor cubre las necesidades del anciano, que necesita cuidados las 24 horas.

"Todo mi sueldo se va para él: pago cuidadores, objetos de limpieza, una dieta muy complicada...", enumera. Además de la tardanza, le preocupa que el órgano de valoración que estudia cada expediente y otorga el PIA le asigne una atención distinta de la que solicita, como según su versión le han insinuado en una de sus consultas en la Administración. No quiere que la desvíen a un programa de ayuda en el hogar -que solo cubre 90 horas a la semana- ni que "sigan alargando el trámite". La ayuda que pide gira en torno a los 500 euros mensuales.