Los municipios fijarán sus propios mínimos de vivienda protegida

Los Ayuntamientos tendrán en la última palabra sobre los porcentajes mínimos de reserva para vivienda protegida. Los mínimos que estableció el anterior Gobierno bipartito eran del 40% para los de más de 20.000 habitantes y del 30% para los de tamaño medio. Este último porcentaje regirá con carácter general para los de más de 5.000 habitantes cuando entre en vigor la Lei de Vivenda, cuyo anteproyecto presentó ayer el conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. En todo caso, serán los ayuntamientos en sus planes generales los que determinen el porcentaje, atendiendo a la demanda que acrediten a través del Registro Único de Demandantes de Vivienda de Galicia.

"La realidad dice que en los últimos años, solo en 2001 y 2004 se alcanzaron niveles del 10%. Los porcentajes actuales no sirven", explicó Hernández. La ley establecerá mecanismos para ajustar el tipo de vivienda protegida "al tipo efectivo de protección que se demande en cada ayuntamiento". Si la ley del bipartito no distinguía a qué tipo de protección se debía destinar esa reserva, la nueva pretende adaptarse a la demanda. "Hasta ahora, la mayor parte de esa reserva se destinaba a viviendas de régimen concertado", según el conselleiro, cuando en su opinión la mayor parte de la demanda corresponde a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectivos Múltiples (IPREM), a las que se dirigen fundamentalmente las viviendas de promoción pública y régimen especial.

El texto establece un 30% general, que podrán reducir los ayuntamientos

Para demoler una casa con licencia ilegal se deberá indemnizar al titular

El anteproyecto de ley, que será presentado la semana próxima a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), reduce las causas de expropiación, una posibilidad que la ley del bipartito aplicaba a pisos vacíos que no cumplían condiciones de habitabilidad. A partir de ahora, se podrán ejecutar en todo tipo de viviendas sólo por motivos de accesibilidad al edificio, por ejemplo ascensores, o cuando presenten un deterioro que suponga un "riesgo grave" para las personas. En las viviendas protegidas, la expropiación se podrá realizar por motivos de no ocupación, falsedad documental o disponer de otra vivienda de protección.

Hernández reivindicó la futura ley por su "vocación de permanencia", su "transparencia" y por "aportar seguridad", frente a las trabas que atribuyó a la ley de 2008, que provocó "serias dificultades". En sus disposiciones adicionales, la ley establece que no podrán ser demolida ninguna vivienda con licencia ilegal hasta que sus ocupantes reciban de la Administración la correspondiente indemnización.

La ley distingue dos tipos de viviendas protegidas. De un lado, las de promoción pública, que son las promovidas o cualificadas por la Xunta sin ánimo de lucro, que podrán ser concertadas, de inserción o en copropiedad. En este último caso, los adjudicatarios tendrán la propiedad de al menos el 60% de la vivienda, y el resto será de la Administración autónoma. El otro tipo de viviendas protegidas son las de protección autonómica.

Para facilitar el acceso a la vivienda, la Xunta facilitará el aplazamiento del pago de las protegidas, cuando se den circunstancias económicas que pongan en dificultad hacer frente al pago de cuotas. La ley propone la creación de una bolsa de viviendas que no encuentran salida en el mercado, que será gestionada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). La intención de la consellería es firmar un convenio marco con promotores e instituciones financieras para facilitar la venta de esa reserva, que según Fomento asciende en Galicia a 32.000 casas.