"Marisol Yagüe me llamó para ver qué podíamos hacer por el detenido"

El policía local de Marbella (Málaga) número 441 derribó ayer con una breve intervención la vehemencia de la exalcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, al asegurar que nunca se le ocurriría telefonear a un agente de la autoridad para interesarse por un asunto. Lo hizo al relatar lo ocurrido el 6 de agosto de 2005, el día que participó en la detención de Borja Fraile, sobrino del periodista José María García, por conducir bebido por el núcleo de San Pedro.

"Recibí una llamada de la señora Yagüe. Se identificó como la alcaldesa y me preguntó si Borja Fraile estaba detenido y si podíamos hacer algo por él", relató el agente. "Yo le contesté que había quedado en libertad y que podíamos llamarle un taxi", añadió.

El policía declaró como testigo en el juicio en el que la exregidora marbellí comparte banquillo con cuatro miembros de la Policía Local por eliminar tres atestados de tráfico entre febrero de 2004 y agosto de 2005, época en la que gobernaba en el Ayuntamiento de Marbella el Grupo Independiente Liberal (GIL).

Los cuatro agentes procesados son el entonces responsable de atestados, el inspector Javier Martín; el exjefe de Policía Local marbellí Rafael del Pozo, apartado del cuerpo; el agente Alberto Rodríguez y José María Sánchez Morilla, representante sindical que curiosamente también es denunciante del caso.

Marisol Yagüe gesticuló visiblemente indignada al escuchar el testimonio del agente 441. Minutos antes ella había defendido justo lo contrario. "Nunca en mi vida he dicho que separaran una multa. Ni yo mismo me lo permitiría como persona", defendió la exregidora ante el fiscal. Las intervenciones que no llegaron a tramitarse fueron dos denuncias por conducir ebrio, la de Borja Fraile y otra interpuesta al paparazzi Diego Arrabal en febrero de 2004; y un atestado contra un empleado del depósito municipal que circulaba con un ciclomotor dado de baja y con matrícula falsa.

El fiscal pide para Yagüe nueve meses de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos. Del Pozo, Martín y el agente que denunció el caso se enfrentan a tres años de prisión.

Todos negaron al tribunal haber sacado de circulación los atestados. El agente José María Sánchez defendió que el entonces responsable de atestados, Javier Martín, le entregó un sobre el 30 de marzo de 2006, día del registro de la jefatura policial por el caso Malaya y que, "por confianza", lo aceptó sin preguntar qué había dentro. Según su relato, no descubrió las tres denuncias y las copias, hasta julio de 2007, cuando lo denunció. Su superior, el inspector Javier Martín, atribuyó la denuncia a una venganza de José María Sánchez por unos negocios inmobiliarios que le aconsejó y terminaron saliendo mal.