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Reportaje:Carreras & Capital humano

Solo la gran empresa podrá prejubilar

El encarecimiento del retiro anticipado varía las estrategias de reestructuración

La reforma de las pensiones recién aprobada va a incidir en las futuras reestructuraciones del sector del automóvil, las va a encarecer, al penalizar a las empresas con beneficios que aborden planes de prejubilación en sus expedientes de regulación de empleo (ERE). Al menos así lo afirma Félix Martín-Monzú, director del departamento laboral de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), que ha realizado los cálculos y estima que los dos años de prestaciones por desempleo y cotizaciones sociales que ahora tendrán que asumir las compañías tras la conocida como enmienda Telefónica supondrá abonar 37.000 euros más por cada trabajador para que se pueda jubilar con antelación a la edad legal de retiro.

Los futuros ERE del automóvil se dirigirán a personal más barato

Endesa paga 1.100 millones en 3.600 bajas voluntarias incentivadas

Una mala noticia para uno de los pocos sectores que ha podido esquivar la crisis con una destrucción limitada de empleo. Diecisiete de las 18 factorías que las multinacionales de la automoción tienen en España han abordado ERE. "Entre 44.000 y 55.000 trabajadores han estado en suspensión temporal de empleo. Y eso ha permitido que entre 2008 y 2010 la industria solo haya perdido 4.300 empleados, el 8,9% del total; frente a una caída de la producción del 17% y de un 42% de las ventas", afirmó Martín-Monzú en la jornada anual que la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) dedica a las reestructuraciones empresariales, en esta ocasión plagada de asistentes.

El encarecimiento de las reestructuraciones (no solo en lo que respecta a las prejubilaciones, sino también a las jubilaciones anticipadas y los contratos de relevo asociados a ella) "se habría comido el 70% de los escasos beneficios que han tenido estas empresas en los últimos dos años, con lo que las próximas regulaciones de empleo van a reconducirse hacia colectivos menos caros", agrega.

Y esos son los trabajadores más jóvenes o aquellos que están muy próximos a la edad de jubilación, en palabras de José Urquiza, socio de la consultora Mercer, para quien los empleados realmente difíciles en los procesos de reestructuración son aquellos que tienen entre 51 y 57 años (pues su despido es muy caro, y su recolocación, muy complicada). A partir de esa edad son prejubilables y jubilables. Si no, que se lo digan a Endesa, que en 2002 puso en marcha un plan de bajas voluntarias por el que en 2015 pretende que en la compañía no haya trabajadores mayores de 60 años. Un programa que le cuesta 1.100 millones de euros y por el que ya han salido de la eléctrica unas 2.400 personas de las 3.600 incluidas, según Jaime Sánchez Cano, director de previsión social de la compañía. "Hemos generado un pequeño demonio: la cultura de la prejubilación. Porque han sido planes muy generosos", afirma.

Y eso es precisamente lo que el Gobierno quiere limitar, en palabras del director general de Trabajo, Raúl Riesco, con el reglamento recién aprobado de expedientes de regulación de empleo: "Queremos promover un cambio cultural. Pasar de la cultura de la indemnización y la prejubilación a que el empleado sujeto a ERE se reincorpore cuanto antes al mercado de trabajo".

Claro que no deja de ser sorprendente, como se encarga de apuntar Pilar Cavero, socia directora del área laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que no se vaya a penalizar a las cajas de ahorros que están acometiendo planes de prejubilaciones masivos con cargo a las arcas públicas, como ha ocurrido con Telefónica. El Gobierno calcula el coste de la reestructuración de las cajas en unos 700 millones de euros en prestaciones por desempleo para unos 13.000 empleados despedidos y prejubilados. Mientras que el coste del ERE que tendrá que asumir Telefónica por el mismo concepto se estima en unos 300 millones de euros. Lo que ha llevado a la operadora a rebajar de 8.500 a 6.500 los trabajadores incluidos en el ERE.

Y aunque UGT considera que los cambios legislativos que se están sucediendo en el mercado laboral van encaminados a menos del 3% del tejido productivo español, es decir, las grandes empresas, según afirmó en la jornada de la APD Jesús González, su responsable de Unión de Previsión Social, lo cierto es que el estudio sobre prejubilaciones elaborado por la consultora Mercer señala que, al contrario de lo que sucedía en 2009, en 2011 son las empresas medianas (de entre 100 y 500 trabajadores) las que acometen la mayoría de los despidos, el 47%. Las más grandes lo hicieron antes, y hoy suman el 28% del total si cuentan con más de 1.000 empleados y el 15% si tienen entre 500 y 1.000.

A medida que avanza la crisis, mantiene Mercer, los complementos a la jubilación aportados por las empresas se van alejando de ese 100% al que llegaban inicialmente. Lo que no ha variado, de momento, es la edad media de 57-58 años de los trabajadores prejubilados; esa que ahora sí va a variar en dos años tras el aumento de la edad de jubilación a 67 años. Las salidas pasarán a producirse a los 58-60 años, dice Urquiza, para quien aunque la legislación encarezca los retiros prematuros, siempre van a seguir usándose. Esta semana Iberia y Urende han anunciado dos ERE.

De hecho, nos enfrentamos a la segunda ola de reestructuraciones de empleo de la crisis. "Las empresas estaban esperando como agua de mayo a que se aclarase el panorama legislativo en materia laboral. Y a partir de septiembre tramitaremos más ERE", coinciden David Díaz, socio de Baker & McKenzie, y Pilar Cavero, que tiene entre manos al menos tres que afectan a unos 450 empleados y, lo que más le preocupa, responden a retirada de empresas extranjeras de España.

Pocas pequeñas y medianas empresas se pueden permitir los carísimos planes de prejubilaciones, añade la abogada de Cuatrecasas; a lo que sí se están atreviendo es a usar el despido objetivo (indemnizado con 20 días por año en lugar de 45) "porque su situación es crítica e interpretan la causa productiva". "Al ser más escasos los recursos, pelean los litigios hasta sus últimas consecuencias, y las posibilidades de alcanzar un acuerdo antes del juicio se reducen", agrega Díaz. Y es que los ERE siguen siendo una pequeña parte de los despidos, no llegan al 10%, pero son más llamativos que los individuales pues los protagonizan empresas de mayor tamaño e implican a más personal.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 3 de julio de 2011