Facenda eleva un 30% los impuestos a la vivienda con una nueva tasación

El Diario Oficial de Galicia del pasado 20 de junio contiene sorpresas desagradables para quienes estén en trámite de comprar o heredar una vivienda. De forma silenciosa, la Consellería de Facenda ha publicado un proyecto de orden de nuevos precios medios para los inmuebles rústicos y urbanos, que supone una subida generalizada de los valores y, por lo tanto, de los impuestos asociados a ellos. En plena crisis del sector, con caídas generalizadas en el precio de la vivienda, las nuevas tablas contemplan incrementos que llegan en algunos casos hasta el 65%, aunque la media estimada por especialistas inmobiliarios se sitúa en torno al 30%.

Los nuevos valores, que están colgados en la página web de la Consellería de Facenda, sirven de base impositiva para los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Su cálculo es fruto de un estudio de mercado realizado por la Dirección Xeral de Tributos.

Los nuevos criterios pueden elevar la recaudación hasta en 90 millones

Una comparativa realizada para este periódico por una gestoría inmobiliaria permite comprobar que, aunque en un 20% de los casos los precios no varían, en el resto suponen incrementos de entre el 8% y el 65%. Los mismos especialistas consideran que los nuevos precios están muy por encima de los actuales importes del mercado. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los precios de la vivienda cayeron un 3% en el primer trimestre de 2011 y acumulan tres años consecutivos de descenso.La Xunta está aplicando ya los nuevos precios con carácter retroactivo a las compraventas del año 2010, a pesar de que la resolución de la consellería de Marta Fernández Currás aparece en el DOG como proyecto. La orden entró el pasado 20 de junio en fase de información pública con un plazo de 15 días para presentar alegaciones, por lo que su entrada en vigor se demorará al menos durante varias semanas.

Los criterios de tasación de la orden sirven para que Facenda aplique como base imponible la que figura en sus tablas, y no la que hagan constar los interesados. Si al cerrar una operación de compraventa no se aporta una certificación oficial de la consellería, el comprador recibe meses después de realizar la operación una carta con el cálculo de los impuestos según los precios que maneja la Xunta, acompañada de una orden de pago de la diferencia a favor de la Administración autonómica.

Las nuevas tablas afectarán a los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, cuya previsión de ingresos para 2011 asciende a 509 millones de euros, según figura en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. De confirmarse una subida media de entre el 25 y el 30%, la reforma permitirá a la Xunta ingresará este año entre 70 y 90 millones de euros por encima de esa cantidad.

Esta subida encubierta contrasta con las promesas de reducción de impuestos con que se presentó el PP de Alberto Núñez Feijóo a las elecciones de 2009. En estos dos últimos años, el presidente de la Xunta lució como cumplimiento de sus compromisos una rebaja selectiva para ciertos colectivos, como jóvenes y familias numerosas, que valoró en siete millones de euros. O la rebaja, presentada como contrapartida a la subida del IVA, de los tipos impositivos del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados para la adquisición de viviendas, que según la Xunta tuvo un impacto de 9,2 millones en la recaudación.

La Consellería de Facenda defiende las nuevas tasaciones porque considera que facilitan a los ciudadanos una información "objetiva, sencilla y precisa" sobre el valor de los inmuebles. La Xunta afirma que las nuevas tablas "favorecen los acuerdos transaccionales entre compradores y vendedores" y "cuentan con el aval de la Administración y de diferentes estudios técnicos", de forma que "pueden evitarse discriminaciones entre las distintas entidades locales". Sostiene también que, con su aplicación, "se aporta seguridad jurídica y se reducen los costes administrativos, puesto que en el actual sistema podrían darse situaciones potencialmente discriminatorias".