El Consejo de Veterinarios de España designa una junta gestora en el colegio ourensano

El Consejo General de Veterinarios de España designó el pasado lunes una junta gestora para presidir al colectivo ourensano. La directiva provincial ejercía ilegalmente sus funciones desde que el pasado 3 de marzo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló, en sentencia firme, las elecciones celebradas en 2008 y obligó a repetir los comicios, tal y como informó este periódico el lunes pasado.

La gestora ahora designada tutelará la repetición de las elecciones en el colegio ourensano "en cumplimiento de la resolución" del TSXG. Fuentes del Consello Xeral de Veterinarios de Galicia sostienen que la última directiva, presidida por Juan José Gómez Fernández, se mantuvo en el cargo hasta el pasado 13 de junio, fecha en la que el TSXG "notificó una aclaración solicitada en relación con la sentencia" que anuló las elecciones y que confirmó que debería repetirse el proceso. Sin embargo, esa directiva mantuvo hasta el domingo pasado colgada en su página web la convocatoria para la celebración de una asamblea para aprobar los presupuestos del organismo ourensano.

Ayer mismo, el juzgado de lo contencioso-administrativo de Ourense emitió un auto obligando a la "ejecución forzosa" de la sentencia que obliga a repetir las elecciones toda vez que "ha concluido el plazo concedido sin que se haya ejecutado". El juzgado advierte al colegio de veterinarios de que podrá imponer multas coercitivas de entre 150 a 1.500 euros a los funcionarios o agentes que incumplan esta orden judicial, así como exigirles responsabilidades penales en el caso de que no convoquen de inmediato los comicios. La parte afectada tiene cinco días para recurrir.

A las elecciones celebradas en 2008 se presentaron tres candidaturas. La elegida ilegalmente según la sentencia del TSXG -encabezada por dos funcionarios de la Xunta de confianza del superdelegado ourensano, Rogelio Martínez- tuvo el respaldo mayoritario del censo electoral. Uno de los candidatos denunció los comicios y el alto tribunal gallego ordenó su anulación y la celebración inmediata de otros por considerar probado que las candidaturas no habían sido "previa y oportunamente publicitadas" y que se recibieron votos por correo "incluso después del plazo normativamente establecido".

Los dos exdirectivos del colegio y cargos de la Xunta en Ourense se han autoimputado en el proceso penal abierto por el candidato que denunció las irregularidades.