Otro cerco al dopaje

Ningún deportista sobre el que existan indicios razonables de que se haya dopado puede competir con la selección española. El hecho de que hayan pasado más de seis meses desde que estallara la Operación Galgo sin que el Consejo Superior de Deportes (CSD) haya recibido las supuestas pruebas que permitirían castigar a varios atletas que siguen compitiendo ha llevado al nuevo secretario de Estado para el Deporte, Albert Soler, a anunciar una resolución que vetará su participación en competiciones internacionales.

La medida, que entrará en vigor esta semana, no afecta solo a los deportistas imputados por un delito de dopaje y a los que tienen procedimientos deportivos abiertos por esta causa, sino también, y esta es la principal novedad, a aquellos sobre los que un juez ha asegurado que hay "indicios racionales" de que se han dopado. O sea, los galgos, con Nuria Fernández, campeona de Europa de los 1.500 metros, a la cabeza.

"No voy a aceptar que nuestra imagen quede en entredicho", afirma Soler

Odriozola, presidente del atletismo, muestra reticencias hacia la medida

La resolución va dirigida a todas las federaciones, que son las que tienen la competencia de seleccionar a los deportistas que representan a España y serán las encargadas de llevarla a cabo. La vía que ha encontrado el CSD para obligarlas está en la Ley del Deporte de 1990. Según esta norma, es el secretario de Estado el que debe autorizar la participación de cada selección en una competición internacional. Así que a partir de ahora, si las federaciones convocan a algún deportista implicado en un asunto de dopaje, el CSD no autorizará su participación. Con un peligro añadido: si la federación se arriesga a contravenir la resolución, el CSD no financiará la participación de esa selección.

Para el CSD, pues, la resolución solo implica ejercer una competencia que tiene atribuida. La directora general de Deportes, Matilde García Duarte, recordó ayer que existen muchas limitaciones en la selección de deportistas que imponen las propias federaciones internacionales, como los años que tienen que pasar antes de que un nacionalizado compita por otro país.

La resolución tampoco es totalmente novedosa en el deporte mundial. El Comité Olímpico Británico, por ejemplo, prohíbe participar en los Juegos a cualquier deportista que haya cumplido una sanción por intentar mejorar su rendimiento a través de sustancias prohibidas. Y el Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó en Pekín 2008 la conocida como Regla Osaka, que impide inscribir en los siguientes Juegos a un deportista sancionado por dopaje durante más de seis meses, aunque esta norma fue recurrida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La nueva resolución afecta a todas las federaciones deportivas, pero va a ser previsiblemente la de atletismo la primera en tener que enfrentarse a ella. Con ella en la mano, el presidente de dicho organismo, José María Odriozola, que también es el seleccionador, no podría convocar a Nuria Fernández, campeona de Europa de los 1.500 metros y que ya tiene la marca mínima para los Mundiales de Daegu (Corea del Sur), que empezarán el 27 de agosto.

Odriozola escuchó el anuncio del secretario de Estado en directo, pues también estaba invitado al Desayuno Deportivo de Europa Press. Cuando se le preguntó por el asunto, en la presentación de la Reunión de Madrid, contestó: "Nuestros abogados tienen todavía que evaluarlo, pero hay que tener en cuenta que la federación española forma parte de la internacional, que impide la injerencia de los Gobiernos". "Nuestras normas son las de la IAAF [Federación Internacional, en sus siglas en inglés] y la AMA [Agencia Mundial Antidopaje] y ahí no valen los indicios. Valen los hechos", zanjó.

Para el secretario de Estado es sencillo. "Si un deportista que representa a España está implicado en un caso de dopaje, las consecuencias no solo afectan al deportista, sino también a la selección y a la imagen de España. No voy a aceptar que España quede en entredicho en el tema del dopaje", aseguró Soler.