El 'caso Polop' queda reducido a un delito de proposición de asesinato

El caso Polop ha quedado reducido a la acusación de proposición de asesinato contra el exalcalde de la localidad Juan Cano, el empresario Salvador Ros y el dueño y el gerente del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente. Y todo apunta a que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa decidirá abrir juicio oral contra los cuatro imputados porque supuestamente tramaron en el reservado del lupanar el asesinato en octubre de 2007 de Alejandro Ponsoda, predecesor de Cano como regidor polopino por el PP. La pena que conlleva esta acusación oscila entre 5 y 10 años de cárcel.

La magistrada dictó un auto de sobreseimiento sin delito para los tres acusados de la autoría material, Raúl Montero Trevejo, en prisión por otra causa, y dos ciudadanos checos, Radim Rakowski y Robert Franek, que estuvieron 12 y 15 meses encarcelados. El plazo para recurrirlo terminó el viernes pasado sin que la fiscal jefe de Benidorm impugnara una decisión judicial que ambas partes habían acordado previamente.

Tras esta medida, el caso toma otras deriva. Sin autores materiales conocidos, la única imputación posible para el resto de acusados es la de proposición de asesinato que un testigo protegido declaró haber recibido en el verano de 2007.

El mismo testigo aseguró haber oído una conversación en el club en la que los cuatro acusados hablaban de problemas en el pago de 35.000 euros que adeudaban en relación con la muerte de alguien. Dijo que oyó hablar de los tres supuestos sicarios que luego fueron encarcelados, pero no pudo asegurar que ellos hicieran el "trabajo". La misma declaración de julio de 2009 que los imputó ha servido ahora para que pasen a tener la condición de testigos por su "conocimiento del asunto".