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Los abogados de los testaferros de Pelopincho piden anular el juicio

El capo fugado estaba en busca y captura cuando se acordaron las intervenciones telefónicas y la policía no le detuvo, alegan los letrados

Con dos estrados ocupados por los 24 abogados defensores y dos fiscales, los 32 acusados de blanquear de forma continuada o imprudente más de 15 millones de euros del narcotraficante José Antonio Pouso Rivas, alias Pelopincho, acudieron ayer al juicio. La falta de aforo de las salas de justicia ordinarias obligó al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra a celebrar la vista oral en la sala de plenos de la Diputación Provincial, un hecho sin precedentes que añadió mayor expectación, si cabe, al primer macrojuicio que se celebra en Galicia en el que los dos principales cerebros de la trama económica, el citado Pelopincho y su abogado, Manuel Blanco Arguibay, están en busca y captura.

Nueve acusados se enfrentan a penas de cuatro a seis años de prisión
A la red se le atribuye el blanqueo de 15 millones de euros

La Operación Cormorán que se somete a juicio se desarrolló a finales de 2004. A la red desarticulada se le atribuye el blanqueo de unos 15 millones de euros procedentes del tráfico de drogas a través de la compra de inmuebles, joyas, coches, antigüedades y artículos de lujo.

Pouso Rivas se fugó en noviembre de 2010, tres años después de que también lo hiciera su abogado y testaferro, Manuel Blanco Argibay, tras abonar la fianza de dos millones de euros que le fue impuesta. Precisamente la ausencia de Pelopincho y su extenso historial como fugitivo sirvió de argumento a algunos abogados para pedir la nulidad del juicio. "Es un proceso envenenado y nulo de pleno derecho", expusieron los letrados al tribunal. También plantearon la nulidad por la falta de motivación jurídica de las escuchas telefónicas y de los registros que sirvieron de base a la instrucción de la causa. "Están basados en atestados sobre rumores y habladurías que no prueban nada", señalaron.

Los dos abogados de la brasileña Teresinha de Jesús Carvalho, la actual mujer de Pelopincho, que tiene a su nombre la mayoría de los bienes embargados, criticaron el hecho de que la policía no hubiese detenido a Pouso Rivas al inicio de la investigación y "que se celebre el juicio en ausencia de la pieza fundamental de este proceso", alegaron.

"No se comprende que sobre este señor pesara una orden de detención antes de que se ordenaran las intervenciones telefónicas y que, sin embargo, no se le haya detenido hasta dos años después de comenzar las diligencias", alegó también una letrada.La defensa de esta acusada -que sin tener un trabajo aparente acapara la mayor parte de los bienes a su nombre, según señala la fiscalía- dijo al tribunal que le habían robado los teléfonos móviles días antes de que se acordaran las intervenciones telefónicas por el juez instructor de Caldas.

Los dos fiscales del caso defendieron la motivación de las escuchas telefónicas, a las que, no obstante, dieron escasa relevancia en la investigación, que en realidad se ha basado en pruebas documentales y testificales. El fiscal antidroga Luis Uriarte afirmó que "hablar de habladurías o rumores como base de la instrucción es intentar confundir a la Sala". También el fiscal de Delitos Económicos, Augusto Santaló, defendió como base de esta voluminosa causa los registros mercantiles y protocolos notariales donde existe constancia de las propiedades intervenidas y de sus titulares, además de las joyas y dinero.

El juicio arrancó con un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y 21 acusados al que luego de adhirieron dos imputados más durante la vista. Todos reconocieron su participación en el delito de blanqueo en grado de imprudencia, por lo que verán reducidas considerablemente las condenas y las multas y, derivado de ello, no tendrán que acudir al juicio. Todos ellos aceptan multas según patrimonio, aunque siempre superiores a los 45.000 euros, y seis meses de prisión, lo que significa que en la práctica ninguno irá a la cárcel.

El resto de los acusados rechazaron la conformidad y son precisamente los que se enfrentan a las máximas condenas, de cuatro a seis años, por delito continuado de blanqueo, y elevadas multas. Todos se declararon ayer inocentes y sus abogados se posicionaron en la estrategia común de pedir la nulidad de las pruebas practicadas.

23 de los 32 acusados evitan la cárcel

Aceptando las acusaciones y condenas mínimas de seis meses de prisión y multas no inferiores a 45.000 euros, al menos 23 acusados en este macrojuicio por blanqueo de dinero no irán a prisión. En este grupo se encuentra el constructor de referencia de las sociedades del fugitivo José Antonio Pouso, Pelopincho, o los dos directivos de la entidad de inversión Arte y Naturaleza que le vendieron facsímiles de manuscritos antiguos.

Los restantes acusados en esta red de blanqueo que han defendido su inocencia podrían ser condenados a penas de cuatro a seis años de cárcel y multas que incluso superan los cinco millones de euros. Un grupo en el que se encuentra varios de los principales testaferros del capo gallego como sus hijos José Antonio y Vanessa Pouso Cacabelos.

En ausencia del principal cabecilla de la trama, tomaron especial protagonismo en este juicio tres de las brasileñas que trabajaban en pubs de alterne y que mantuvieron una relación sentimental con Pouso Rivas, con el que tuvieron ocho hijos reconocidos por él.

Es el caso de Lidia Niele Maia o de Teresinha de Jesús Carvalho, la actual esposa de Pouso Rivas, que denunció que su marido podría haber sido víctima de un secuestro o incluso un ajuste de cuentas cuando quedó en libertad condicional en noviembre del pasado año. La acusada estuvo en todo momento arropada por otros compañeros de banquillo como el padre y la hermana de Pelopincho.

María José Pouso Rivas afirmó que hace años que no tiene ninguna relación con su hermano y que vive en Gijón, adonde escapó "como una nécora escaldada", comentó.

También se declaró inocente la esposa del abogado pontevedrés Manuel Franco Argibay. Natividad Laborde Sabatela, de nacionalidad cubana, se mostró agresiva con la prensa y cuando fue llamada por la funcionaria para entrar en el juicio escenificó un desfile de pasarela mientras recorría la sala hasta el banquillo. Solo la brasileña Kelly Priscila Maia admitió su culpabilidad, aunque se defendió diciendo que en realidad no sabía a qué se dedicaba Pouso Rivas. "Yo entonces tenía menos de 18 años y sólo veía dibujos y telenovelas en la tele", declaró.

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