El 15-M de Elche evita un desahucio

Más de 200 personas del Movimiento 15-M y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentraron ayer en Elche para impedir el desahucio de una pareja de jubilados que había avalado a su yerno en 2006. Y lo consiguieron. Al filo del mediodía acudió al domicilio del matrimonio afectado un abogado de la plataforma con el auto judicial que ordenaba la paralización del desahucio durante un mes para que los embargados y el banco pudieran llegar a un acuerdo. Este caso es un ejemplo paradigmático de las consecuencias de la crisis y de la dureza de la legislación hipotecaria española.

En plena onda expansiva del auge inmobiliario, Juan Francisco Ruiz solicitó un préstamo en el Banco Popular con el que financiar la pequeña empresa constructora que había creado. La entidad le impuso la condición de aportar un avalista para darle los 60.000 euros que pedía y los suegros le firmaron con la garantía de la vivienda en la que residen desde hace 39 años.

El banco pretende quedarse por 30.000 euros lo que valoró en 115.000

El piso, un sexto sin ascensor, fue tasado en 115.000 euros, así que el préstamo le fue concedido. Pero en 2008, la empresa de Juan Francisco fue engullida por la crisis y dejó de pagar las cuotas mensuales al banco, que decidió ejecutar el aval de sus suegros y embargarles la vivienda. Y aquel bien valorado en 115.000 euros pasó a ser tasado a efectos de subasta judicial en 60.000. Como no concurrió nadie a pujar por ella, el banco se quedó la vivienda por el 50% de su valor, es decir, 30.000 euros.

La deuda en 2008 todavía era de 57.000 euros, a los que ahora hay que sumar las costas judiciales (unos 17.000 euros) y los intereses. Resultado: el banco se queda con la casa y el avalista seguirá debiendo, aproximadamente, los 60.000 euros que firmó.

Y la situación se agrava, en tanto que los suegros de Juan Francisco Ruiz, de 66 y 65 años, tienen un 65% y un 57% de invalidez reconocida y disponen de una pensión entre ambos de 380 euros, que les alcanza para sobrevivir a duras penas porque la mayoría de sus siete hijos también han sufrido los efectos de la crisis del ladrillo o del calzado.

Francisco Cases y Ana Arce tenían ayer dos motivos para llorar. Uno era por el miedo a ser desahuciados, aunque ni habían recogido sus pertenencias, esperanzados en una solución de última hora. El otro, por el apoyo multitudinario que recibieron.

Francisco atendió a los medios sentado, con la pierna en alto y lágrimas en los ojos. Ya le han amputado un dedo del pie por un principio de gangrena que amenaza con una amputación a la altura de la rodilla. Él y su mujer son cristianos. Ana cree que "bastante misericordia ha tenido el señor con nosotros" y que "por nuestra fe no vendrán a echarnos".

Pero quien lo ha evitado es el abogado Antonio Palazón con una querella contra el banco por apropiación indebida. Este letrado aboga por que "el juzgador interprete las normas conforme al momento social actual y no a lo que dicte el sistema financiero". Y defiende "la protección de derechos fundamentales por encima de las normas procesales". Por eso bajó a la calle el día 17 de mayo, como un indignado más, y decidió sumarse al movimiento con un par de compañeros de profesión.