El juez de Brugal se borra tras anular las escuchas

La instrucción judicial del caso Brugal lleva el mismo camino que la del caso Fabra, que sigue abierta siete años y medio después de la primera denuncia contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Apenas un año y medio ha soportado la instrucción del caso Brugal el actual titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. Según diversas fuentes, San Martín se entrevistó el lunes con el presidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, para hacerle partícipe de que pensaba concurrir al concurso de traslados convocado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que conllevaría que tras el verano sea sustituido por quien sería el sexto juez del órgano oriolano en los últimos cuatro años, los que ya dura la instrucción del mayor caso de corrupción acaecido en la provincia de Alicante, que afecta a la gestión de las basuras de Orihuela y La Vega Baja y al urbanismo de la capital y por el que, de momento, han sido imputados el presidente en funciones de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el promotor Enrique Ortiz, entre otros.

La decisión de San Martín se produciría días después de anular un 20% del grueso de las escuchas telefónicas solicitadas por la policía y el fiscal y autorizadas por sus predecesores, creando un embrollo judicial difícil de descifrar. Aparte de las dos grandes causas relacionadas con la basura de La Vega Baja, desde el juzgado que dirige San Martín se desgajaron una veintena de piezas separadas, entre ellas la de la revisión del Plan General de Alicante, donde también está imputado Ortiz por haber recibido supuestamente trato de favor del exalcalde Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo.

Aplazamiento

Por otro lado, el mismo juez decidió aplazar la declaración que tenía prevista para ayer el exportavoz del PSPV en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, que acudirá al juzgado este viernes. El aplazamiento fue solicitado por su abogado debido a que tenía una citación previa en otro órgano judicial.

Amorós se personó en la causa y solicitó declarar a petición propia tras haber aparecido su nombre en la investigación del caso Brugal o fotografiado en reuniones con el empresario Ángel Fenoll, el principal investigado y origen del caso. La consecuencia fue que tuvo que dejar el cargo de portavoz tras ser expedientado y pasó a ser diputado no adscrito fuera del Grupo Socialista.