Competencia expedienta al puerto de Valencia y a Infraestructuras

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores contra diversas asociaciones de transportistas de contenedores, con origen o destino en los puertos de Valencia y Barcelona. También se ha expedientado a las autoridades portuarias de ambas instalaciones y a la Consejería de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana.

La Comisión informó de que los expedientes se han abierto por posibles conductas anticompetitivas, como la fijación de precios y de condiciones comerciales o de servicio, en el reparto de mercado, así como en la limitación o control de la producción. La CNC recuerda que la apertura de un expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, dado que a partir de ahora se abre un periodo máximo de 18 meses para su instrucción y resolución.

En el caso de Valencia, Competencia ha abierto expediente a la Asociación de Empresas de Logística y de Transporte de Contenedores; la Asociación de Empresas, Autónomos y Cooperativistas del Transporte de Mercancías por Contenedor de los Puertos de Valencia; la Asociación Naviera Valenciana; la Asociación de Transitarios, y la Asociación de Transportistas de Contenedores Valencianos, además de contra el puerto y la consejería.

Origen del expediente

El expediente tiene su origen en una investigación del Servicio de Competencia valenciano, que remite un documento firmado en mayo de 2010 por el puerto de Valencia y distintas asociaciones que operan sus instalaciones "en el que se establecen pautas y criterios a los que podrían remitirse los operadores en la contratación de los servicios de transporte". Además, en febrero de 2011 dichas asociaciones, el puerto y la consejería firman otro documento sobre la aplicación de la cláusula de revisión del precio del transporte en función del precio del gasóleo. La Dirección de Investigación de la CNC abre entonces una investigación, en el marco de la cual inspecciona sedes de distintas asociaciones de transportes, y que le lleva a considerar que "existen indicios racionales de la comisión de una infracción contra la Ley de Competencia".