El PP pide a la juez de los ERE que investigue las ayudas que concedió Viera
El PP pidió ayer a la juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, que analice las ayudas por 73,4 millones concedidas en 56 expedientes por José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE sevillano, cuando ocupó la presidencia del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, mostró en rueda de prensa el decreto que nombró a Viera presidente del IFA. "Hay por lo menos año y medio que el PP quiere que se investigue directamente en qué casos y por qué el señor Viera autorizaba como presidente del Consejo Rector (del IFA) determinadas ayudas", subrayó Sanz, que denunció que Viera "ha mentido" al Parlamento cuando dijo que "nunca participó en nada ni supo nada" de estas ayudas, concentradas en la Sierra Norte de Sevilla.
Viera contestó a Sanz, mediante un comunicado, que sus decisiones al frente del IFA estuvieron "avaladas por todos los departamentos jurídicos y de fiscalización de la Junta". "Ni en la investigación abierta ni en la acusación política de Sanz, nadie encontrará ninguna autorización ni actuación irregulares por mi parte", añadió Viera. El exconsejero de Empleo denunció una "cacería política del PP" al intentar "insinuar presuntas irregularidades".
Críticas del PSOE
Mientras, el PSOE andaluz reprochó ayer a la juez Alaya que plantee en sus autos "tanto juicio de valor y tanto apriorismo, que no parece que sea lo que se corresponde", censuró ayer la presidenta de los socialistas, Rosa Torres. El PSOE ha pasado de un escrupuloso respeto inicial a un enfrentamiento con la magistrada que se recrudece cada semana. El pasado viernes trascendió un auto de Alaya en el que lamenta que la Junta le haya entregado "un batiburrillo de papeles inconexos" y añadió que esto le "hacía pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos".
Por otra parte, la magistrada ha paralizado la convocatoria de la audiencia preliminar de la primera parte del caso Mercasevilla, sobre un intento de soborno a dos empresarios hosteleros. Las partes se deben pronunciar ahora sobre la petición del exdirector de la empresa pública Fernando Mellet para que sean declaradas nulas las cintas del soborno. "Sorprende que este debate se plantee transcurridos más de dos años de investigación", subraya la juez.
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