El jeroglífico jurídico del Guadalquivir

La reunión era técnica, pero el trasfondo no puede ser más político. Miembros de segundo nivel de los gobiernos central y andaluz se reunieron ayer en el Ministerio de Política Territorial para resolver el jeroglífico jurídico de las competencias sobre las aguas del río Guadalquivir que discurren por territorio andaluz. Fuentes próximas a la negociación reconocían ayer que el margen para hallar una solución era "extremadamente estrecho" tras las sentencias del Tribunal Constitucional -que declaró contrario a la carta magna el artículo 51 del Estatuto andaluz, por el que la región se arrogó la gestión de las aguas- y del Supremo, que anuló el decreto de transferencia por el que el Estado cedió en 2008 las competencias sobre la cuenca hidrográfica.

Ambas administraciones buscan la cuadratura del círculo de permitir que la Junta gestione las aguas andaluzas del Guadalquivir sin desacatar las sentencias de los altos tribunales ni romper el principio de unidad de cuenca. Este precepto hidrológico tiene su reflejo en la Constitución, que establece que el Estado conserva en exclusiva las competencias de los ríos que discurren por más de una comunidad autónoma.

En la negociación participaron, por el Gobierno central, los subsecretarios de Política Territorial y de Medio Ambiente Juan Antonio Cortecero y María Felicidad Montero. En representación de la Junta, acudieron la viceconsejera de Medio Ambiente, Ana Patricia Cubillo; el secretario general del Agua, Juan Paniagua, y director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Javier Serrano.

La reunión arrancó sobre las 18.30, y terminó sobre las 20.45. Los resultados los dará a conocer hoy la consejera de Presidencia, Mar Moreno. El encuentro se enmarca en la subcomisión creada por la Junta y el Gobierno central tras la firma, el pasado 7 de abril, del convenio por el que el Estado encomienda a la comunidad andaluza la gestión de las aguas del Guadalquivir que transcurren por su territorio, tras la sentencia del Constitucional. Esta encomienda de gestión, de seis meses, sigue vigente, ya que ni Extremadura, ni Castilla-La Mancha, comunidades que recurrieron el estatuto y el decreto de transferencia, solicitaron su anulación.