Empresarios

Al presidente de la CEA, Santiago Herrero, le sobran funcionarios y administraciones públicas. Considera necesario acometer la reducción de las estructuras oficiales. No es lógico, denuncia, que mientras la empresa pierde 400.000 empleos el sector público cree más de 50.000. En reiteradas ocasiones ha reclamado un adelgazamiento o, directamente, la supresión de organismos con los que aliviar así el peso del gasto y conseguir una mayor agilidad administrativa. La respuesta le llegó vía consejero de Economía, Antonio Ávila, quien va al meollo de la cuestión al precisar que cuestionar la dimensión, en este caso, de las autonomías equivale a cuestionar en buena medida la dimensión del Estado del Bienestar. Niega que haya saturación de funcionarios y defiende la gestión que realizan. En esa misma línea, Manuel Pastrana, de UGT, interpreta que cuando la patronal plantea que sobran funcionarios realmente lo que desea es apropiarse de un trozo de la tarta de los recursos que se emplean en la gestión de los servicios públicos.

Lo cierto es que estamos ante un nuevo toque de atención de Herrero, movido sin duda por su legítimo afán de conseguir un considerable ahorro del gasto público. Y se produce en un contexto de verdadera dificultad. A ese carro se han subido, últimamente, hasta Felipe González o Manuel Chaves, uno, planteando la supresión de las Diputaciones y el otro, el de determinados Ayuntamientos. Así, sin anestesia, nos metemos de lleno en un debate que de ser verdaderamente serio debería sustanciarse con rigor y de forma inmediata en las correspondientes instancias legislativas para acordar, y en su caso aplicar, las reformas que se propugnan. Seguro que no tienen mucha suerte en una iniciativa que, dicho sea de paso, cuenta con escasa credibilidad, precisamente ahora que ya han pasado las elecciones municipales que eligen a los representantes democráticos de estas instituciones que ahora se quieren liquidar.

Claro que esto de la reducción de los entramados administrativos debería ser una tarea de todos, incluidos los propios empresarios. En este sentido, cabe preguntarse si en su prolija y tupida organización no hay despachos o empleados que estén de más, por no decir de las duplicidades que se producen entre la propia patronal y las Cámaras de Comercio, entes estos seriamente amenazados por la incertidumbre que se cierne sobre sus, hasta ahora, seguras fuentes de financiación. En general, constituyen un poderoso entramado que se nutre también de importantes recursos públicos, por lo que no estaría mal ir planteándose igualmente su racionalización, como les gusta decir. Podrían seguir por los considerables emolumentos de los que gozan determinados responsables de federaciones sectoriales o por esa costosa convención que reunirá el día 30 en Sevilla a unos 3.000 empresarios de toda Andalucía. Por recortar que no quede.