Reforma de la negociación colectiva
El Gobierno aprobó por fin la reforma de la negociación colectiva, aunque tuvo que ser "en solitario", sin el deseado acuerdo de los interlocutores sociales por considerarla imprescindible, entre otras cosas porque se había comprometido ante la Unión Europea.
Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores, la regulación de la negociación colectiva apenas había sido objeto de modificaciones. Es una de esas materias que los políticos prefieren "no tocar" por la conflictividad social que genera cualquier intromisión. Pensemos en el derecho de huelga aún regulado por una norma preconstitucional. En cualquier caso, la evolución de la sociedad hacía ciertamente necesario corregir algunas "disfunciones".
En primer lugar, la estructura de la negociación colectiva se caracteriza en España por una excesiva "atomización", con un elevado número de convenios colectivos con ámbitos de aplicación reducidos y fragmentados, que se superponen en unos casos mientras en en otros dejan amplios sectores desregulados.
Además, el sistema adolece de una gran falta de dinamismo que dificulta el pronto ajuste de las condiciones de trabajo a las circunstancias económicas de cada momento. El Ejecutivo ha puesto especial énfasis en poner fin a la ultraactividad de los convenios -su permanencia indefinida tras concluir su vigencia cuando no existe acuerdo-, que mantiene "petrificadas" condiciones laborales que "ya no obedecen a la realidad".
Para hacer frente a las carencias del sistema se ha buscado, por un lado, reforzar los acuerdos interprofesionales a los que se atribuye la misión de vertebrar los niveles de negociación; pero sobre todo propiciando una negociación colectiva más cercana a la empresa, dando prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial en determinadas materias (salario, horario, vacaciones...). Se pretende dotar de mayor agilidad a las negociaciones, evitando las situaciones de paralización y bloqueo, fijando plazos estrictos de negociación y favoreciendo el recurso a medios de solución de conflictos no judiciales, incluyendo el arbitraje obligatorio.
El Gobierno estima que la modificación del sistema de negociación es un objetivo tanto legítimo como inaplazable, que resulta imprescindible hoy para consolidar la confianza externa en la estabilidad y solidez de la economía española.
