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Alaya pide que la policía investigue si Empleo 'reconstruyó' expedientes

La juez insiste en conocer las ampliaciones de crédito aprobadas por el Gobierno

Mercedes Alaya, titular del Juzgado número 6 de Sevilla, que investiga el pago fraudulento con fondos públicos de la Junta de Andalucía a decenas de personas de indemnizaciones por expedientes de regulación de empleo (ERE), ha vuelto a cuestionar en forma de auto la actuación del Gobierno presidido por José Antonio Griñán. En su último escrito, con fecha del pasado día 7 de junio, no solo reitera que sigue sin recibir material que solicitó al Gobierno andaluz, sino que sospecha sobre la veracidad de la documentación que ya ha recibido de la Junta: "Sin dudar de que lo remitido es lo que actualmente existe en los archivos, la apariencia de tales actuaciones diametralmente opuesta a lo que es en realidad un expediente administrativo nos hace pensar en una construcción o reconstrucción apresurada de los mismos, debiendo oficiarse a la Policía Judicial para que investigue ambos extremos que no han sido explicados o justificados tal y como se pedía por la Junta de Andalucía.

La instructora abre piezas separadas de cada imputado en el caso

La magistrada dice que los expedientes son un "batiburrillo de papeles inconexos"

La juez utiliza en apoyo de su tesis un escrito de la fiscalía que entrecomilla: "Se observa que dicha documentación no merece en ningún modo la citada denominación de expediente administrativo, pues parece componerse cada carpeta de una suerte de batiburrillo de papeles inconexos, algunos de los cuales no son sino simples notas manuscritas anónimas anotadas en hojas, arrancadas de un bloc de espiral cuando no garabateadas en simples post it adhesivos".

Por todo ello, la juez Alaya ve inapropiado aún realizar un análisis pericial de la documentación, pues "a los peritos que se designen habrá que hacerles entrega de una documentación que se ha reclamado y aún no consta en las actuaciones como son: todos los convenios suscritos entre la dirección general de Trabajo y Seguridad Social y el IFA o el IDEA desde el año 2001; la documentación que posea la Cámara de Cuentas sobre ayudas excepcionales en materia de Trabajo y Seguridad Social realizadas por la Consejería de Empleo para trabajadores o empresas en crisis y que fue acordado por auto de fecha de 16 de abril; documentación contable e informes reclamados a IDEA en virtud de lo acordado por auto de este juzgado de fecha de 21 de marzo; e incluso la abundante documentación que en virtud de la presente resolución va a ser reclamada".

Fuentes del Gobierno andaluz indicaron ayer que desconocían el nuevo auto de la instructora del caso de los ERE.

La juez apunta directamente a la cabeza del departamento encabezado por Manuel Recio: "Este juzgado estima necesario acreditar si las ayudas sociolaborales que pagaba la Consejería de Empleo a través del IFA o IDEA en concepto de primas de pólizas de prejubilación, mediante transferencias de financiación, al pagarse aplazadamente en varias anualidades, precisaban de algún tipo de autorización del Consejo de Gobierno en lo que respecta al límite del crédito correspondiente a los ejercicios futuros o aquel en el que se aprobó el gasto". Y solicita que la Intervención General lo aclare.

Desde 2000 hasta 2010, las partidas presupuestarias destinadas a financiar prejubilaciones aumentaron en 124 millones de euros, como adelantó este periódico el pasado mes de abril. Salvo en tres anualidades, en todos esos años se produjeron incrementos destinados a pagar prejubilaciones de los ERE y ayudas a empresas en crisis. Estos incrementos fueron aprobados en reuniones del Consejo de Gobierno. Todos los cambios, según informó la Junta, contaban con el preceptivo informe favorable de la Intervención General. Las transferencias de capital se produjeron en 2000 (5,4 millones); 2001 (72,2 millones); 2002 (32,1 millones); 2005 (799.895 euros); 2006 (9,3 millones); 2007 (7,4 millones); 2008 (439.650 euros); y 2009 (300.000 euros).

Otra de las medidas de la juez incluidas en el auto de 37 páginas es la de proceder a la apertura de piezas separadas para cada imputado, en las que se incluirán todas las diligencias que se practiquen respecto de los mismos, declaraciones, vidas laborales o pólizas de seguros. En las citadas piezas - abiertas, según la juez "con el único fin de poner un poco de orden en un procedimiento que está resultando ser tan extenso y complejo"- se recogerán las declaraciones de renta y patrimonio así como cualquier otra diligencia de averiguación como cuentas corrientes o productos financieros entre otros.

Las investigaciones de la juez sobre el patrimonio de los imputados es un punto que ya ha levantado controversia y más de una ampolla. El exconsejero de Empleo e imputado en el caso, Antonio Fernández, ha recurrido la orden de Alaya de investigar tanto sus bienes como los de su familia al completo. En el recurso el exconsejero de la Junta sostiene que la petición de la magistrada es: "A todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria, inidónea e inútil".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 18 de junio de 2011