El exconsejero Fernández critica que Alaya investigue a sus familiares

"A todas luces inmotivada, desproporcionada, innecesaria, inidónea e inútil investigación sobre sus patrimonios y economías personales". La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández define así la instrucción de la juez Mercedes Alaya a la policía para indagar en su patrimonio y el de su familia tras su imputación en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. Alaya le acusa de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación.

El exconsejero ha recurrido el auto del pasado 16 de abril, comunicado a las partes un mes después, en plena campaña electoral, en el que la magistrada decretó el análisis del capital y los bienes inmobiliarios de la familia al completo de Fernández. Además, el auto aclaraba la imputación del exconsejero, hoy presidente del Consejo Regulador de los vinos de Jerez, por ser "indiciario conocedor" de las pólizas ilegales que realizó el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero a los intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas); por conocer los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas públicas; y finalmente por su inclusión en 2008 en el ERE de la empresa González Byass, donde Fernández dejó de trabajar en 1981.

Fernández rebate los tres hechos que le achaca la juez, centrándose en que la indagación en el patrimonio de sus 12 familiares es innecesaria. "Resulta profundamente injusto (...) supone de hecho entender a todas aquellas personas como sospechosas de participación consciente y voluntaria en aquellas conductas irregulares y presuntamente delictivas", argumenta el escrito.

La defensa de Fernández alega que la tranquilidad de sus familiares se ha visto perturbada al figurar ante la opinión pública "denigrados y estigmatizados al ser objeto de una investigación sobre sus patrimonios abiertamente lesiva de su derecho a la intimidad y a la privacidad". La investigación patrimonial afectaba asimismo a las familias del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, el intermediario y conseguidor Juan Lanzas y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Este último ya presentó al igual que Fernández un recurso contra el auto de su imputación.

Si Alaya acusaba al exconsejero de ser "indiciario conocedor" de las pólizas ilegales a los intrusos, este "niega rotundamente" haber conocido las irregularidades supuestamente cometidas desde la Dirección General de Trabajo, que estaba a su mando. Mientras, la instructora le achacaba conocer los "importantes reparos" que la Intervención General de la Junta expuso ante el procedimiento para conceder las ayudas públicas. "Más allá de la discrepancia técnica y de criterios, aquella Intervención consideró que todas aquellas actuaciones dispositivas y aplicaciones de gasto, figurando como figuraban bajo consignación presupuestaria, estaban desde luego plenamente sujetas a la legalidad", reza el recurso, que deberá resolver la propia Alaya.

El exconsejero imputaba por último a Fernández por su inclusión en 2008 en el ERE de la empresa González Byass, donde Fernández dejó de trabajar en 1981. Este ERE incluía 31.419 euros que cobrará cuando esté desempleado o se jubile, y una póliza por 386.000 euros que el exconsejero rechazó cobrar al no firmar su adhesión a la póliza ni sumarse a la asociación que crearon los empleados afectados. "En ningún momento he procedido a suscribir la póliza de garantía de rentas (...) lo cual constituye signo inequívoco de tácita renuncia por mi parte a los derechos inherentes a la misma", alega. Fernández adjunta en su recurso siete documentos para aclarar su situación, incluido el informe de su vida laboral completa de la Seguridad Social.