El Gobierno emprende los trámites para retirar la concesión a Ence
La empresa recurre el fallo de la Audiencia Nacional para frenar su aplicación
El Ministerio de Medio Ambiente no recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que le obliga a incoar el expediente de caducidad de la concesión a la fábrica de pasta de papel de Ence en la ría de Pontevedra. "Vamos a dar instrucciones a la Abogacía del Estado en el sentido de que no interponga recurso de casación", confirmó ayer una portavoz del ministerio, que aseguró que el expediente de caducidad se iniciará "próximamente". La empresa sí recurrirá y ya adelanta que espera que el expediente tarde en resolverse.
La resolución, que da la razón a la asociación Salvemos Pontevedra, emplazaba al departamento a la "adopción de las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que correspondan". Medio Ambiente no confirma si también se apresta a cumplir este extremo, y se remite a un análisis más extenso de la sentencia "en defensa del dominio público y del interés público". La sentencia, fechada el pasado mayo, daba la razón a la asociación ecologista sobre cómo se debía interpretar la falta de respuesta del Gobierno central a los recursos administrativos. El silencio, razona el texto, equivale a admitir los argumentos de la ONG respecto a la concesión: que fue otorgada en los años cincuenta, cuando Ence era una empresa pública muy distinta a su estructura actual. Pero la Audiencia no entró en el análisis material de los argumentos, lo que ha llevado a los representantes institucionales a expresarse con cautela.
El conselleiro de Industria, Javier Guerra, declaró que el fallo no adelantará la salida de la fábrica de la ría. "No cambia absolutamente nada", afirmó. Pendiente de conocer más detalles, el conselleiro se aferró a los plazos esperados. "Lo que está previsto es que en 2018 Ence tenga que abandonar su emplazamiento actual, que es la posición que ha mantenido la Xunta desde un principio". El gobierno pontevedrés tampoco se muestra especialmente eufórico.
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