Los alcaldes asumen una deuda de 4.528 millones con menos ingresos

Los discursos de investidura de los nuevos alcaldes andaluces que el sábado tomaron posesión tuvieron una referencia común, independientemente de su color político: se afrontan tiempos muy difíciles en los que serán precisos los ajustes.

El escenario económico en el que se han constituido las nuevas corporaciones no puede ser más delicado, con una importante deuda acumulada y una galopante merma de los ingresos como consecuencia de la crisis económica y, especialmente, de la caida de la actividad urbanística. Según los dados del Ministerio de Economía y Hacienda, los 676 ayuntamientos andaluces con déficit -hay 95 que no deben nada-, acumulan una deuda de 4.527,8 millones de euros, que representa el 15,6% del pasivo del total de la deuda municipal en España. Además, las ocho diputaciones provinciales suman una deuda de 1.190,2 millones de euros, el 18,7% del total de de estas instituciones.

Málaga es la ciudad andaluza con mayor deuda, 743 millones de euros, muy por encima de Sevilla (454 millones), Córdoba (314,9), Granada (144,2 millones) y Jerez (98,3 millones); aunque en débido por habitante la peor situación es la de Benalmádena (1.418 euros per cápita, 112 euros más que Málaga).La austeridad ya no es un principio deseable en la acción política, sino una obligación impuesta por la realidad económica y financiera a la que todos los ayuntamientos sin excepción deberán dar respuesta en función de sus particularidades.

Para el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, José Vallés, con ser abultada, la deuda bancaria no es la principal preocupación de las haciendas locales, que en este momento están acuciadas por la falta de liquidez. La crisis económica, explica Vallés, que fue concejal de Economía en el Ayuntamiento de Sevilla, ha afectado "enormemente a las haciendas locales porque se han perdido los ingresos tributarios relacionados con la actividad urbanística e inmobiliaria que eran muy importantes en los ayuntamientos". Los municipios tienen verdaderos problemas para hacer frente a gastos corrientes, pago de nóminas, funcionamiento, y a sus proveedores. "Hay un problema de liquidez que es urgente, las arcas están sin recursos y esa realidad afecta a todos los ayuntamientos, sin distinciones de signo político", explica.

Esto además tiene un efecto añadido sobre la economía, ya que si los ayuntamientos dejan de pagar o lo hacen con excesivo retraso a sus empresas suministradoras, muchas de ellas de pequeña dimensión, ponen a éstas en graves dificultades de subsistencia, con el consiguiente riesgo de pérdida de empleo.

El reelegido alcalde de la ciudad andaluza más endeudada, Francisco de la Torre, lamenta que "se habla mucho, y con poco rigor en ocasiones, de deuda, en cifras absolutas y comparadas, pero se omite que la capacidad de endeudamiento de una administración, como la de una familia, viene dada por su capacidad para atender los compromisos contraídos. Y nos tendríamos que felicitar de poder afirmar que el Ayuntamiento de Málaga paga puntualmente a sus empleados, a sus proveedores, a la Seguridad Social, a la Hacienda Pública y a los bancos y cajas con los que mantiene créditos".

El alcalde de Málaga sostiene que el mejor servicio que ante la situación de crisis económica puede prestar hoy un ayuntamiento es pagar en el menor plazo posible a sus proveedores.

Los municipios afrontan, además, la situación con la amenaza de que posiblemente tengan que devolver dinero al Estado por los anticipos entregados en 2008 y 2009 en base a unas previsiones que no se cumplieron al caer la recaudación tributaria. Se estima que para el conjunto de España puede suponer unos 6.000 millones de euros. El gerente de la Empresa de Gestión Tributaria de Málaga (Gestrisam), Juan Manuel Ruiz Galdón, sugiere, por ejemplo, que si se confirma este saldo, el Estado lo condone e incluso haga nuevas transferencias extraordinarias a los municipios con la condición de que sean empleados en el pago a proveedores.

Otra constricción financiera puede ser la resultante de la eliminación en 2013 de algunas ayudas europeas como los fondos estructurales.

Además del problema inmediato de liquidez, es momento de abordar por fin la financiación de las entidades locales. José Vallés, que fue ponente por parte de la Federación de Municipios de la actual ley de Haciendas Locales, considera que esta está "exprimida ya" y que es necesario fijar un nuevo marco "en la dirección contraria a la que se va", y de a los municipios más autonomía y suficiencia financiera. Y explica: "Los ayuntamientos son Estado y es preciso un modelo de financiación múltiple y descentralizado acorde a la realidad de una estructura con más de 8.000 ayuntamientos".

El objetivo sería equipararse a Europa, donde la participación de las ciudades en el gasto público es muy superior a las españolas. El viejo objetivo del 50% para el Estado, 25% para las comunidades autónomas y el 25% para los municipios sigue teniendo validez como reivindicación. "No es cierto que los ayuntamientos dilapiden, es que gestionan muy pocos recursos", sentencia Vallés.