"Es a los jueces a quien debe explicar los chanchullos, si puede"

Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante (del PP) investigada por el caso Brugal, insiste en acusar al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber destruido el Estado de derecho y la presunción de inocencia. Castedo hizo estas declaraciones después de que el ministro respondiera a sus manifestaciones sobre el "miedo" que le daba que un "personaje siniestro" como Rubalcaba sea el cabeza de lista del PSOE. "El problema de la alcaldesa de Alicante no soy yo, sino los jueces y los policías", dijo ayer el vicepresidente. "Es ante los jueces ante quien debe explicar los chanchullos que tiene o que parece que tiene, si es que puede hacerlo".

Rubalcaba hizo este comentario a iniciativa propia -"antes de terminar quiero responder a los disparates que ha dicho sobre mí la alcaldesa de Alicante", dijo- en una rueda de prensa en la sede de la Policía Científica, en Madrid, que celebraba su centenario.

La policía y el fiscal del caso Brugal sostienen que la regidora Castedo, junto a su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, redactaron el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante según los dictados del promotor Enrique Ortiz, imputado en la causa y amigo de la alcaldesa. Un informe policial calcula que las permutas de suelo protegido por urbanizable que permitió el plan general hicieron ganar a Ortiz unos 120 millones de euros.

Las intervenciones telefónicas que constan en el sumario evidencian las relaciones entre Castedo y Ortiz. "De parte de Sonia, dadle trabajo en las obras de Zapatero [las del Plan E]", ordenó el promotor a uno de sus encargados para que se empleara a un conocido de la alcaldesa. Castedo niega que haya facilitado a Ortiz información privilegiada aunque admite haberse reunido con él ante técnicos municipales.