El PSOE retira in extremis una 'ley mordaza' para la instrucción judicial

La iniciativa legislativa de cuatro vocales del Consejo del Poder Judicial ha derivado en la mayor bronca institucional que se recuerda en esta legislatura entre el Ministerio de Justicia, el Parlamento, el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, ante el intento de modificar aspectos muy sensibles de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el secreto del sumario, la supresión de recursos y la acción popular, a través de enmiendas al proyecto de Ley de Agilización Procesal.

La fiscalía se enteró de las enmiendas a través de Internet, lo que derivó en un incidente verbal en un restaurante entre el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el vocal José Manuel Gómez Benítez, que ayer se trasladó a las instituciones. Las asociaciones de fiscales cerraron filas y se convocó para mañana una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal en tanto el Consejo del Poder Judicial hizo pública una durísima nota arremetiendo contra el fiscal general del Estado.

Algunas iniciativas de los consejeros carecían del aval del pleno

Por su parte, desde el Ministerio de Justicia no se ocultaba ayer su malestar por lo sucedido, que se atribuyó única y exclusivamente a los acuerdos entre vocales judiciales y los grupos parlamentarios, y sin "tomar partido en esta trifulca", se remitió al proyecto de ley de Agilización Original que se envió al Congreso antes de las enmiendas. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que el ministro Francisco Caamaño no ha estado informado de este proceso.

De momento, el Grupo Socialista asegura que ahora, tras la bronca, retirará sus enmiendas a la Ley de Enjuiciamiento Criminal que restringen las funciones del fiscal y que limitan la posibilidad de dar información sobre los sumarios, según fuentes del PSOE. Los cuatro vocales del Poder Judicial que han intentado casi de tapadillo introducir la ley mordaza son los progresistas Margarita Robles y José Manuel Gómez Benítez, antes enemigos y ahora aliados, y los conservadores Manuel Almenar y Fernando de Rosa, vicepresidente de la institución. Erigidos en comisión asesora y sin una autorización clara del pleno del Poder Judicial, se han dedicado en los últimos meses a hablar con los grupos parlamentarios para trasladarles una serie de propuestas para modificar el proceso penal, sin esperar a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador tiene listo el Gobierno, pero que no tiene fecha de aprobación. Esas propuestas, asumidas por los distintos grupos, incluyen, por ejemplo, la eliminación de recursos durante el proceso de instrucción, lo que limita la actuación del fiscal y elimina garantías, y la regulación del secreto del sumario que deja al criterio del juez las diligencias que se pueden hacer públicas.

La carrera fiscal, encabezada por Conde-Pumpido y las dos asociaciones (la conservadora AF y la progresista UPF) se han puesto en pie de guerra y criticaron ayer la pretensión de modificar la Ley de Enjuiciamiento sin el preceptivo informe del Consejo Fiscal y con "oscurantismo".

Según fuentes fiscales, la supresión de recursos como el de reforma impediría a los fiscales pedir medidas cautelares o "haber impugnado la libertad del etarra Troitiño". Respecto a la autorización judicial previa a dar información, dijeron que esa enmienda "amordaza a la fiscalía" y le impide cumplir con su deber de "informar a la opinión pública", establecido en su Estatuto orgánico. Algunos fiscales consultados atribuyeron esta enmienda a la posición de los grupos políticos, contrarios al exceso de publicidad de los casos de corrupción. En el trasfondo del enfrentamiento subyace también el hecho de que las enmiendas "dan todo el poder al juez" y "dejan a la fiscalía desarmada", mientras que el borrador de Ley de Enjuiciamiento potencia la posición del fiscal en la instrucción del proceso.

Al hilo de estos reproches, la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial, de la que forman parte Robles y Almenar, emitió ayer un comunicado en el que rechaza la acusación de Pumpido de que el Consejo está "invadiendo las funciones del poder legislativo", lo que "no solo carece del menor fundamento sino que, además, significa una gravísima descalificación de este órgano constitucional del Estado". Según fuentes del Consejo, fue la propia Robles la que forzó el comunicado. Gómez Benítez dijo que intentaron anticipar algunas reformas como limitar a un año el secreto del sumario y "poner orden en las filtraciones". Gómez anticipó que ahora "la Ley de Agilización no va a salir y se va a retirar".

El Grupo Socialista retiró anoche las enmiendas, salvo las referidas a la responsabilidad de las personas jurídicas que, tras la reforma del Código Penal, son obligadas. No obstante, hoy mismo se constituirá la ponencia, donde empezará la negociación del resto de enmiendas y las de los otros grupos. El PSOE no quiere seguir adelante con su enmienda al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento, que deja en el juez la decisión sobre qué partes de los sumarios pueden hacerse públicos.